La serie que reporta la propia firma muestra un ascenso prácticamente ininterrumpido: 84.6% hace seis meses, 87.6% hace tres meses, 88.5% hace dos meses y 88.8% hace apenas un mes, hasta el 90% de la medición más reciente. La progresión se produce en un periodo en el que el país ha mantenido vigente el régimen de excepción, decretado inicialmente por la Asamblea Legislativa en marzo de 2022 a solicitud del Órgano Ejecutivo y prorrogado de forma sucesiva desde entonces.
El instrumento, aplicado en línea a nivel nacional entre mayores de 18 años, recoge también la jerarquía de preocupaciones ciudadanas. La economía encabeza la lista con 48.7%, seguida de la salud con 12.3% y la corrupción con 8.1%. Esa estructura de prioridades no es nueva: desde hace décadas, los sondeos de opinión en El Salvador han ubicado el costo de la vida, el empleo y la seguridad entre los ejes que más preocupan a la población, con pesos relativos que han variado según el contexto.
La economía cede 2.4 puntos en dos meses
El descenso de la economía como principal problema admite lectura propia: pasó de 51.1% hace dos meses a 48.7% en la medición actual, una caída de 2.4 puntos según TResearch. La cifra se mantiene como la preocupación dominante por amplio margen sobre la salud y la corrupción. Las remesas familiares, que el Banco Central de Reserva contabiliza periódicamente, figuran entre los principales sostenes del consumo interno salvadoreño, aunque la medición no documenta causalidad entre ese factor y la percepción económica.
El descenso de la preocupación económica y el repunte de la aprobación presidencial se mueven en paralelo durante el último trimestre, sin que la encuesta establezca entre ambas curvas una relación causal. La propia firma registra que la corrupción, pese a su posición en la jerarquía de preocupaciones, ocupa un lugar secundario con 8.1%, muy por debajo de la economía y la salud.
Sin comparación desde los Acuerdos de 1992
El 90% de aprobación colocaría a Bukele en un terreno sin equivalente cercano en la historia democrática reciente de El Salvador. Ningún mandatario desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1992 ha sostenido, según los registros de distintas casas encuestadoras a lo largo de los años, niveles de aprobación por encima del 80% durante periodos prolongados. Los presidentes de la posguerra —de Alfredo Cristiani a Salvador Sánchez Cerén— transitaron por ciclos de desgaste más convencionales, con caídas sensibles hacia la segunda mitad de sus mandatos.
El contraste resulta notorio si se considera que el país atraviesa su cuarto año consecutivo bajo el régimen de excepción. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y organizaciones como Mecies han documentado detenciones que denuncian como arbitrarias y han advertido de la persistencia de la impunidad en episodios de desapariciones forzadas a tres décadas de la firma de la paz. Esos señalamientos no se traducen en un desgaste medible de la imagen presidencial según los datos de aprobación disponibles.
La cifra llega en un momento en que distintas investigaciones periodísticas han puesto bajo escrutinio episodios vinculados al entorno del oficialismo: señalamientos sobre el financiamiento de Bandesal a un operador político afín al bukelismo por $1.13 millones, y un reportaje que vincula a socios de la familia presidencial con la compra de tierras protegidas en el golfo de Fonseca. Ninguno de esos señalamientos ha derivado, según la información disponible, en un proceso judicial formal contra funcionarios del Órgano Ejecutivo.
La convivencia entre un nivel de aprobación histórico y la acumulación de denuncias sobre uso de fondos públicos plantea una tensión que las propias casas encuestadoras no están en posición de explicar, dado que sus instrumentos miden percepción y no causalidad. La corrupción, pese a esas controversias, se mantiene en 8.1% en la medición de TResearch, muy por detrás de las dos primeras preocupaciones.
Un panel en línea con límites de representatividad
La encuesta se realizó mediante un panel en línea a nivel nacional, un formato distinto al de los sondeos presenciales casa por casa que tradicionalmente han empleado otras firmas en El Salvador. Esa modalidad de recolección puede introducir sesgos de representatividad hacia segmentos de la población con mayor acceso a conectividad, un factor a considerar al interpretar la magnitud exacta de la cifra, sin que ello altere la tendencia que la serie histórica de la propia encuestadora viene registrando desde hace un año.
La estabilidad de los niveles de aprobación reportados por distintas encuestadoras desde 2019 contrasta con la volatilidad habitual en los sistemas presidenciales de la región centroamericana. La política de seguridad, sostenida sobre la baja de homicidios que la Policía Nacional Civil documenta desde el inicio del régimen de excepción, ha sido señalada como el principal activo político del gobierno, incluso cuando las preocupaciones económicas de la ciudadanía no disminuyen de forma sustancial.
La medición no incluye, según la información divulgada, desagregación por departamento, edad o nivel socioeconómico, lo que limita el análisis sobre si el respaldo se distribuye de manera uniforme en el territorio o si existen bolsones de mayor escepticismo, particularmente en zonas urbanas más expuestas a las controversias sobre manejo de fondos públicos.
El dato del 90%, difundido esta semana, se suma a una serie que TResearch ha publicado de forma periódica desde hace al menos un año, con mediciones trimestrales y, más recientemente, mensuales, que acumulan un ascenso de 8.5 puntos porcentuales en los últimos doce meses.
