El planteamiento de MECIES se produce en un año simbólico para El Salvador, que en enero de 2026 conmemoró tres décadas de la suscripción de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, el pacto que puso fin a doce años de conflicto armado interno entre el Órgano Ejecutivo salvadoreño y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Aquel proceso, mediado por Naciones Unidas, sentó las bases institucionales del país actual, incluida la creación de la Policía Nacional Civil (PNC) y la reforma del sistema judicial, pero dejó pendiente, según los colectivos de víctimas, la resolución de numerosos casos de personas desaparecidas durante los años de guerra.
Las organizaciones recordaron que la Comisión de la Verdad para El Salvador, integrada tras los acuerdos de paz con el respaldo de la ONU, documentó en su informe de 1993 —titulado "De la locura a la esperanza"— violaciones graves a los derechos humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones atribuidas tanto a agentes estatales como a estructuras insurgentes. Sin embargo, la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, aprobada por la Asamblea Legislativa apenas cinco días después de la publicación de ese informe, frenó durante años la judicialización de esos casos.
Ese marco cambió en julio de 2016, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, al considerar que impedía investigar y sancionar crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos. La resolución reabrió jurídicamente la puerta a procesos como el de la masacre de El Mozote, en el departamento de Morazán, uno de los pocos casos del conflicto armado que ha avanzado en sede judicial en los últimos años, aunque las organizaciones de víctimas sostienen que la mayoría de los expedientes por desaparición forzada permanecen sin avances sustantivos.
Del pasado bélico al régimen de excepción
MECIES subrayó que la desaparición forzada no es un fenómeno exclusivamente vinculado al pasado bélico. Familiares de personas desaparecidas en años recientes, en el contexto de la violencia asociada a estructuras criminales y, más recientemente, al régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, también reclaman respuestas del Estado. Esa medida, aprobada por la Asamblea Legislativa tras una ola de homicidios atribuida a pandillas y prorrogada de manera sucesiva desde entonces, ha derivado en la detención de decenas de miles de personas, lo que organismos de derechos humanos han vinculado a un incremento de denuncias por paradero desconocido de detenidos.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha documentado en informes previos denuncias de familias que no logran ubicar a parientes tras su detención en el marco del régimen de excepción, situación que el Órgano Ejecutivo ha rechazado de manera reiterada, al sostener que los procedimientos policiales y penitenciarios se ajustan al marco legal vigente y que toda persona detenida queda registrada en el sistema judicial correspondiente.
Las organizaciones de víctimas del conflicto armado, por su parte, insisten en que el Estado salvadoreño no ha cumplido con las recomendaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos, entre ellos el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que en revisiones periódicas ha instado a El Salvador a fortalecer los mecanismos de búsqueda, crear un registro unificado de personas desaparecidas y garantizar reparación integral a las familias.
La FGR no se pronunció públicamente sobre las declaraciones de MECIES en las fechas de la conmemoración. Organizaciones de derechos humanos han señalado en ocasiones anteriores que la Fiscalía carece de una unidad especializada permanente y con recursos suficientes para investigar de manera sistemática los casos de desaparición forzada ocurridos durante el conflicto armado, una carencia que atribuyen a la falta de voluntad política sostenida durante gobiernos de distinto signo desde la firma de la paz.
El caso salvadoreño se inscribe en un patrón regional. Comisiones de la verdad similares se constituyeron en Guatemala y Perú tras sus respectivos conflictos internos, y en ambos países las organizaciones de víctimas han enfrentado obstáculos comparables para lograr justicia, medida en años de litigio y escasas condenas firmes. El propio Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha señalado que la falta de bases de datos genéticas y de coordinación entre instituciones forenses constituye un obstáculo común en Centroamérica para identificar restos y esclarecer paraderos.
MECIES reclamó además la implementación efectiva de una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, figura contemplada en compromisos internacionales asumidos por el Estado salvadoreño pero que, según las organizaciones, no cuenta con el respaldo presupuestario ni la autonomía técnica necesarios para operar con plenas garantías. El Presupuesto General de la Nación no contempla una partida específica identificable para ese mecanismo, de acuerdo con lo señalado por las organizaciones.
Casa Presidencial no emitió una respuesta directa a las demandas planteadas por la mesa de víctimas en el marco de la conmemoración. En comparecencias previas sobre temas de derechos humanos, el Órgano Ejecutivo ha defendido su gestión en materia de seguridad y ha remitido las consultas sobre casos judiciales pendientes a la FGR y al Órgano Judicial, en su calidad de instancias competentes para la investigación y sanción de delitos.
De cara a los próximos meses, las organizaciones de víctimas anunciaron que continuarán exigiendo ante instancias nacionales e internacionales la apertura de investigaciones formales sobre casos documentados desde la década de 1980, así como la creación de mecanismos de búsqueda con participación de las familias. La Sala de lo Constitucional mantiene pendientes de resolución algunos recursos vinculados a la aplicación de la sentencia de 2016 sobre la Ley de Amnistía, cuyo desenlace podría marcar el rumbo de futuros procesos judiciales relacionados con crímenes del conflicto armado.
