Tienen razón quienes dicen que el dato se explica solo. La política de seguridad, sostenida sobre la baja de homicidios que la Policía Nacional Civil documenta desde el inicio del régimen de excepción, es el principal activo político del gobierno. Un país que durante décadas midió su miedo en cadáveres hoy mide otra cosa. Concedido. La gratitud de quien vuelve a caminar de noche es un hecho político de primer orden, y ningún análisis honesto puede fingir que no existe.
Aceptemos también la segunda premisa: la ciudadanía sabe lo que le preocupa y lo dice. La economía encabeza la lista con 48.7%, la salud sigue con 12.3% y la corrupción aparece en tercer lugar con 8.1%. Esa estructura no es un invento ni una anomalía: desde hace décadas los sondeos salvadoreños colocan el costo de la vida y el empleo por encima de casi todo. El bolsillo manda. Nadie que haya hecho una compra esta semana lo pondrá en duda.
Y concedamos la tercera, que es la más elegante: la corrupción preocupa poco porque ocupa el 8.1%. Si la gente tuviera la sensación de que se roba, lo diría, y lo diría primero. No lo dice primero. Luego —siguiendo el razonamiento oficial paso a paso, sin saltarnos ninguno— la ciudadanía ha ponderado los señalamientos sobre fondos públicos, los ha pesado en su conciencia y ha dictaminado que son un asunto menor. El pueblo soberano ha hablado, y ha colocado la honestidad del manejo del Presupuesto General de la Nación justo por detrás de la salud. Aceptado también eso.
Lleguemos entonces al cuarto peldaño, el que la propia encuesta construye. La economía, principal preocupación, cedió 2.4 puntos en dos meses —de 51.1% a 48.7%— y la aprobación presidencial subió en ese mismo trimestre. Las dos curvas se mueven en paralelo. La firma advierte, con honradez profesional, que no establece entre ellas relación causal, que mide percepción y no causa. Perfecto. Admitamos que son dos líneas que suben y bajan al mismo tiempo sin deberse nada la una a la otra, por pura coincidencia estadística, como quien se encuentra todos los días a la misma hora con el mismo vecino y jura que no lo ha citado.
Falta un último ladrillo, y conviene ponerlo con cuidado porque sostiene toda la construcción. El instrumento se aplicó mediante un panel en línea entre mayores de 18 años. No es la encuesta presencial, casa por casa, que tradicionalmente usaron otras firmas en El Salvador. La propia ficha reconoce que el formato puede introducir sesgos de representatividad hacia segmentos con mayor acceso a conectividad, y que la medición no desagrega por departamento, edad ni nivel socioeconómico. Es decir: medimos a quien tiene buena señal, y no sabemos dónde vive, cuántos años tiene ni cuánto gana. Concedido todo. La tendencia, nos dicen, se mantiene igual. Aceptemos que se mantiene.
Escribió Roque Dalton que todos nacimos medio muertos en 1932, y que vivir es ir muriendo otro poco. Lo traigo no por adorno, sino porque el verso contiene una advertencia técnica sobre este país: en El Salvador, lo que no se nombra no deja de existir por no nombrarse. La historia del 32 fue durante décadas un silencio estadístico, un número que no figuraba en ninguna medición oficial porque nadie preguntaba. El silencio, aquí, tiene antecedentes y tiene método.
Ahora ensamblemos las piezas que hemos ido aceptando una por una, y veamos qué figura arman. Hemos concedido que la corrupción preocupa poco porque sale 8.1%. Hemos concedido que la encuesta mide bien a quien tiene conectividad, y que no sabe decirnos dónde están los que no la tienen —esos bolsones de escepticismo, dice la ficha, particularmente en zonas urbanas más expuestas a las controversias sobre manejo de fondos públicos—. De modo que el razonamiento oficial, llevado hasta su conclusión sin que yo añada una sola coma, dice lo siguiente: la corrupción no preocupa, según una medición que precisamente no alcanza a quienes más la verían de cerca. El indicador que debería detectar el malestar está diseñado, por su propia naturaleza, para no verlo donde se concentra. Y a esa ausencia la llamamos tranquilidad.
Sigamos, porque todavía revienta un poco más. Hemos aceptado que las denuncias —el financiamiento de Bandesal a un operador político afín por $1.13 millones, los socios de la familia presidencial vinculados a la compra de tierras protegidas en el golfo de Fonseca— pesan poco en la conciencia ciudadana porque la corrupción marca 8.1%. Pero ninguno de esos señalamientos ha derivado en proceso judicial formal contra funcionarios del Órgano Ejecutivo. Observe usted el círculo perfecto: la ciudadanía no se preocupa porque no hay proceso, y no hay proceso porque —dirá alguien— la ciudadanía no se preocupa. La encuesta se convierte así en la coartada de la Fiscalía y la Fiscalía en la coartada de la encuesta, y en el centro de los dos espejos, la Corte de Cuentas de la República, que es a quien le toca fiscalizar el gasto, mira para otro lado con un 90% de permiso. El dato, que empezó siendo un termómetro, termina siendo un salvoconducto. Y usted lo paga.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha documentado detenciones que denuncia como arbitrarias, y organizaciones como Mecies advierten de la persistencia de la impunidad a tres décadas de los Acuerdos de Paz de 1992 —aquel pacto que iba a terminar precisamente con la idea de que el poder no rinde cuentas—. Nada de eso se traduce en desgaste medible de la imagen presidencial. Puede que tengan razón, y que el país haya decidido soberanamente que prefiere caminar seguro a saber adónde fue a parar $1.13 millones. Es una decisión legítima si de verdad la tomó. Pero antes de darla por tomada, una sola pregunta, de las que no se contestan con un panel en línea: cuando los señalamientos sobre fondos públicos lleguen por fin a un expediente, ¿quién firmará que la corrupción solo pesaba 8.1% —el fiscal general, o el 10% que la encuesta nunca encontró?
