Villalona sostiene que esa contracción nominal del gasto —de $12,736 millones a $12,421 millones en tres años— es un indicador del desequilibrio en las finanzas públicas del país. El economista enmarca la diferencia como síntoma de un problema más amplio, sin que su análisis detalle aún el desglose por rubros del proyecto.
El Presupuesto General de la Nación es el instrumento que fija anualmente el gasto del Órgano Ejecutivo, el Órgano Legislativo, el Órgano Judicial y las instituciones autónomas. Su aprobación corresponde a la Asamblea Legislativa, donde la comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto revisa el documento antes de su paso al Salón Azul para la votación de los 60 diputados propietarios, que tienen la facultad constitucional de modificar el techo de gasto propuesto por el Órgano Ejecutivo.
El acuerdo con el FMI, suscrito en 2024, estableció compromisos de consolidación fiscal con metas de déficit y de gasto corriente, en un esquema que los organismos financieros internacionales condicionan a la disciplina presupuestaria de los países receptores. Una reducción del gasto ejecutado respecto a ese año de referencia apunta, según el análisis de Villalona, a un estrechamiento del margen fiscal del Estado salvadoreño en el tramo reciente.
El Salvador atravesó un episodio de ajuste presupuestario severo en 2017, cuando el Órgano Ejecutivo de entonces enfrentó una crisis de liquidez que obligó a recortes en inversión pública y a la búsqueda de financiamiento externo para cubrir obligaciones de corto plazo. Ese antecedente ha servido como referencia cuando se discuten reducciones del gasto público tras compromisos con organismos multilaterales.
La discusión sobre el tamaño del gasto estatal salvadoreño coincide con un contexto regional donde otros países del área han adoptado medidas fiscales de signo distinto: Guatemala, por ejemplo, suspendió hasta diciembre el IVA y el impuesto a los combustibles como respuesta a presiones de precios internos, una decisión que ilustra la variedad de respuestas que ensayan los gobiernos centroamericanos frente a restricciones presupuestarias.
El Banco Central de Reserva (BCR), en su rol de autoridad monetaria, da seguimiento a los indicadores macroeconómicos que inciden en la sostenibilidad de las finanzas públicas. El proyecto para 2027 deberá pasar por el trámite ordinario de discusión y aprobación en la Asamblea Legislativa, única instancia con potestad para fijar el techo de gasto definitivo antes de su entrada en vigencia.
