La organización recordó que varias de las familias afectadas llevan años residiendo en el lugar y que su movilización para exigir condiciones de vivienda digna derivó en la apertura de procesos judiciales contra quienes asumieron la vocería comunitaria. UNIDEHC calificó esa judicialización como una forma de criminalización de la protesta social y pidió la liberación de los líderes señalados.
Según el planteamiento de UNIDEHC, el conflicto en La Floresta tiene su origen en disputas de larga data sobre la tenencia de terrenos ocupados por familias de escasos recursos, un patrón de litigio por posesión que se repite en distintos asentamientos del área metropolitana de San Salvador y en zonas periurbanas, donde la irregularidad en los títulos de propiedad ha sido históricamente fuente de tensión entre comunidades y propietarios registrales.
El sistema jurídico salvadoreño contempla la figura de la usurpación de inmuebles dentro del Código Penal, que suele activarse cuando un propietario registral denuncia ocupación sin su consentimiento. Organizaciones de derechos humanos han cuestionado en otros episodios que estas figuras penales se utilicen contra comunidades en conflictos que, a su juicio, deberían resolverse por la vía civil o mediante mediación estatal, mientras que los denunciantes particulares defienden su derecho a recurrir a los tribunales para proteger la propiedad.
El caso de La Floresta se suma a una serie de denuncias que distintas organizaciones sociales han presentado en los últimos años sobre procesos judiciales contra líderes comunitarios en disputas de tierra. El fenómeno tiene antecedentes en los procesos de repoblación y reforma agraria posteriores al conflicto armado de las décadas de 1980 y 1990, cuando la tenencia irregular de tierras quedó como un problema estructural no resuelto en buena parte del territorio nacional.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) es la institución facultada para investigar denuncias de esta naturaleza y emitir resoluciones no vinculantes sobre eventuales violaciones a garantías constitucionales. Corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) la decisión de sostener o retirar la acción penal en los procesos abiertos contra los líderes comunitarios señalados por UNIDEHC.
El planteamiento de la organización se produce en un contexto de respaldo elevado al Órgano Ejecutivo: la encuestadora TResearch situó la aprobación del presidente Nayib Bukele en 90%, 8.5 puntos por encima de la medición de hace un año. Ese respaldo ciudadano coexiste con denuncias puntuales de organizaciones de derechos humanos sobre el manejo de procesos judiciales y el régimen de excepción vigente.
UNIDEHC no detalló el número de personas procesadas ni la etapa procesal de las causas contra los líderes comunitarios de La Floresta. La organización reiteró su exigencia de libertad para los señalados y pidió que las autoridades judiciales revisen los expedientes abiertos contra los habitantes del asentamiento.
