La reforma a la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres suma nueve entidades estatales a la comisión que coordina la respuesta ante emergencias en el país, un organismo que reúne a instituciones de los tres Órganos del Estado junto con alcaldías y cuerpos de socorro. La ampliación apunta a reforzar la coordinación interinstitucional ante fenómenos como terremotos, inundaciones y erupciones volcánicas, riesgos recurrentes en un territorio marcado por la actividad sísmica de la cadena volcánica centroamericana.
El Salvador ha enfrentado episodios que pusieron a prueba ese esquema de coordinación, como los terremotos de enero y febrero de 2001, que dejaron más de mil fallecidos, y las inundaciones derivadas de tormentas tropicales en la última década. La Comisión Nacional de Protección Civil se creó en 2005 y ha ampliado su composición conforme se diversifican los riesgos que el Estado salvadoreño debe atender.
La plenaria también otorgó mayores atribuciones al CENTA, la entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería encargada de la investigación y transferencia de tecnología agropecuaria y forestal. El alcance exacto de las nuevas atribuciones y los recursos que pudieran implicar para la institución no se detallaron públicamente en la sesión.
Facultades ampliadas del CENTA
La ampliación de facultades llega en un contexto de atención legislativa a la agenda productiva del agro, que en semanas recientes ha incluido otras decisiones económicas del pleno, como el aval de la Comisión de Hacienda a un préstamo de $50 millones del BID para el censo económico, que permitirá actualizar las estadísticas productivas del país. La reforma se suma a una serie de ajustes institucionales tramitados en las últimas plenarias, entre ellos la disolución de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia y el traslado de sus funciones al Ministerio de Seguridad.
El tercer punto aprobado fue la prórroga de la Ley para la Legalización de Inmuebles Adjudicados al FONAVIPO, una norma que permite a beneficiarios de programas de vivienda social regularizar la titularidad de sus propiedades. El Fondo Nacional de Vivienda Popular administra programas de acceso a la vivienda para sectores de bajos ingresos desde su creación en 1992, y las prórrogas a esta ley de legalización se han repetido en años anteriores ante el volumen de trámites pendientes de resolución.
La sesión de este miércoles se desarrolló en un calendario legislativo cargado de temas presupuestarios y de gestión institucional, que en semanas recientes ha incluido también el aval de fondos para la reconstrucción de los mercados de Santa Ana y San Miguel y la ampliación del plazo para el pago del aguinaldo a trabajadores del sector privado.
Las tres reformas aprobadas este miércoles quedan pendientes de su publicación en el Diario Oficial para entrar en vigencia, trámite habitual tras la aprobación en el pleno legislativo.
