Martínez centró sus señalamientos en la relación entre fondos de la banca estatal de desarrollo y empresas que, según su exposición, operarían campañas de comunicación afines al oficialismo. El comunicador planteó que ese tipo de transferencias abre interrogantes sobre el uso de instituciones financieras públicas con fines distintos a su mandato original de fomento productivo.
BANDESAL es la entidad estatal encargada de canalizar líneas de crédito y garantías hacia sectores productivos, en particular pequeña y mediana empresa, agricultura y proyectos de infraestructura. Su papel como banco de segundo piso implica que no presta directamente al público, sino a través de intermediarios financieros, un esquema que en teoría limita el margen para asignaciones discrecionales.
Cualquier señalamiento sobre el uso de fondos de una institución financiera del Estado remite al mecanismo de control que corresponde a la Corte de Cuentas de la República, encargada de fiscalizar el manejo de los recursos públicos, incluidas las entidades autónomas y de crédito estatal. La Asamblea Legislativa, por su parte, conserva la facultad de solicitar informes a las instituciones autónomas y de crear comisiones especiales de investigación cuando existen denuncias sobre el destino de fondos públicos, un mecanismo empleado en anteriores legislaturas para examinar préstamos y garantías otorgados por bancos estatales.
El uso de estructuras de comunicación vinculadas a operadores políticos no es un señalamiento inédito en el país. Investigaciones periodísticas previas han documentado el entramado empresarial de Chica, identificado públicamente como cercano al proyecto político del presidente Nayib Bukele, y su papel en la difusión de mensajes afines al oficialismo por vías digitales.
El caso salvadoreño se inscribe en una discusión regional más amplia sobre la contratación estatal de estructuras de comunicación digital y su fiscalización, un debate presente también en otros gobiernos latinoamericanos que han recurrido a fondos públicos para sostener aparatos de propaganda paralelos a las oficinas oficiales de prensa. En El Salvador, la Secretaría de Prensa de la Presidencia y las cuentas institucionales concentran la comunicación oficial del Órgano Ejecutivo, mientras que las denuncias apuntan a redes que operarían por fuera de esos canales.
El Salvador ha mantenido en los últimos años una relación tensa entre el oficialismo y parte de la prensa independiente, marco en el que se han producido señalamientos cruzados sobre financiamiento y cobertura. La edición salvadoreña ha dado seguimiento a la agenda internacional del Ejecutivo, como cuando El Salvador y Francia suscribieron acuerdos de consultas bilaterales y cooperación técnica.
El señalamiento de Martínez se apoyó en una investigación publicada por un medio digital sobre las empresas atribuidas a Chica. El comunicador reclamó que las cifras que expuso sean examinadas por los órganos de control competentes.
