El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por el ex fiscal general del Estado contra la sentencia del Tribunal Supremo que, el pasado mes de enero, le condenó a dos años de inhabilitación y a 7.200 euros de multa por un delito de revelación de secretos. El auto, de diecinueve páginas, designa ponente a una magistrada del sector progresista del tribunal y fija un calendario que, según las propias fuentes del TC consultadas por este periódico, puede extenderse entre cuatro y siete meses hasta la sentencia definitiva.
La admisión a trámite no es, por sí sola, un pronunciamiento sobre el fondo. Pero tampoco es un gesto menor. El Constitucional acepta examinar, uno por uno, los cinco derechos fundamentales que el recurrente considera vulnerados: presunción de inocencia, tutela judicial efectiva, legalidad penal, defensa y proceso con todas las garantías. Es el catálogo completo: el máximo que un penalista puede desplegar en un recurso de amparo. Y el TC, por primera vez en esta causa, lo toma en serio.
La cuestión más delicada, la que promete convertirse en el eje del debate jurídico, es la tesis central del recurso: que el Supremo hizo una 'valoración irracional y arbitraria de los indicios'. En román paladino, que condenó sin pruebas directas, apoyándose en una cadena deductiva que —siempre según la defensa— ignoró el testimonio de seis periodistas que niegan haber recibido información filtrada por García Ortiz. Si el TC entra en ese terreno, lo que se estará revisando no es solo una sentencia: es la forma en que el Alto Tribunal valora indicios en causas políticamente calientes.
En el entorno del ex fiscal general se respira un optimismo medido. Fuentes cercanas a su defensa admiten que la admisión a trámite era 'lo mínimo imprescindible' y subrayan que el auto incluye una frase que, leída en clave jurídica, puede resultar premonitoria: 'la trascendencia constitucional del asunto es manifiesta'. Esa expresión, aparentemente retórica, es la que activa el examen ordinario del recurso y, en la práctica, abre una ventana para una sentencia estimatoria parcial si el TC considera que al menos uno de los cinco derechos invocados fue lesionado.
En la acera contraria, los abogados de Alberto González Amador —pareja de Isabel Díaz Ayuso y denunciante en la causa de origen— han reaccionado con un comunicado breve y seco. Consideran la admisión 'protocolaria', acusan al Constitucional de 'buscar una vía para reescribir lo que el Supremo ya sentenció' y anuncian que se personarán como parte para defender la sentencia original. La Sala Segunda del Supremo, por su parte, ha guardado el silencio institucional que marca el protocolo: ni un comentario, ni en público ni en privado.
El contexto político magnifica la decisión. Solo veinticuatro horas antes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vaticinaba en un foro empresarial que 'el Tribunal Constitucional va a indultar al fiscal general'. La palabra, incorrecta en términos estrictos —el TC no otorga indultos—, se ha incrustado en el debate público como una profecía autorrealizable. Y el hecho de que el auto se haya publicado apenas doce horas después de esa frase alimenta una lectura que los asesores del Alto Tribunal tratan de desactivar en privado: 'Esto no va de Ayuso. Esto va de si el Supremo hizo bien su trabajo. Que no es lo mismo'.
La Fiscalía, que presentó un recurso paralelo, ha visto también admitido su escrito. Las dos piezas serán acumuladas por el ponente del TC, que previsiblemente convocará a las partes a una vista oral en las próximas semanas. Ese será el primer examen público del fondo del asunto. Y el momento en que el país comprobará hasta qué punto el Constitucional está dispuesto a revisar la doctrina de la prueba indiciaria que sostiene gran parte del derecho penal contemporáneo español.
Hay un detalle que conviene anotar antes de que se pierda en el ruido. La admisión a trámite suspende la anotación de la condena en el Registro Central de Penados mientras dure el examen constitucional. En la práctica, esto significa que, durante los próximos meses, García Ortiz figurará jurídicamente condenado pero con una especie de 'asterisco procesal' que afecta a cualquier gestión pública en la que se requiera certificado de antecedentes. Es una situación inédita en la historia reciente de la Fiscalía española y, para muchos constitucionalistas, la demostración palpable de que el recurso de amparo sigue siendo —con todas sus limitaciones— el último dique contra las sentencias mal construidas.
Fuera del edificio, en la calle Domenico Scarlatti, los reporteros gráficos montaban cámaras a primera hora con la misma liturgia de siempre. Dentro, en los despachos de letrados, la jornada ha empezado con una única certeza: el calendario del Constitucional acaba de condicionar, sin quererlo, la agenda política de los próximos seis meses. Y, sobre todo, la pregunta que desde hoy se hacen en voz baja tanto en Moncloa como en Génova: '¿Y si la sentencia es estimatoria?'. No hay respuesta oficial. Pero el auto de esta madrugada ha dejado claro que la pregunta, a diferencia de hace 24 horas, ya no es retórica.
