El señalamiento, difundido primero en una publicación periodística el miércoles, apunta a un desfase entre el padrón de beneficiarios del programa de becas para educación básica y media superior y los registros del Renapo, el organismo que certifica la identidad de la población mediante la Clave Única de Registro de Población (CURP). La discrepancia, de confirmarse en los términos planteados, implicaría que decenas de miles de pagos se habrían realizado sin el cotejo que exige la normativa del programa.
Tanto la mandataria como la dependencia educativa evitaron dar por buena la cifra difundida y remitieron el asunto a una revisión interna todavía sin conclusiones. La postura oficial sostiene que la existencia de observaciones de un órgano fiscalizador no equivale, por sí sola, a la comprobación de un fraude, y que la depuración y validación de padrones es una práctica recurrente en los programas sociales de gran escala.
Las becas Benito Juárez, ampliadas durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y continuadas bajo el gobierno de Sheinbaum, constituyen uno de los ejes del gasto social etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Por su dimensión y por operar mediante transferencias directas a familias, el programa ha sido objeto recurrente de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en ejercicios de Cuenta Pública anteriores, relacionadas con la calidad de los padrones y los mecanismos de verificación de identidad de los beneficiarios.
La función de la SABG, creada como sucesora de la Secretaría de la Función Pública con un mandato de combate a la corrupción, consiste precisamente en detectar este tipo de inconsistencias antes de que deriven en observaciones de la ASF o en procedimientos de responsabilidad administrativa. Que el hallazgo provenga de un órgano interno del propio gobierno federal, y no de un ente externo, pesa en el carácter preliminar que las autoridades le atribuyen.
La respuesta desde la mañanera
La reacción de la presidenta se dio en el formato de la conferencia matutina, el espacio donde el Ejecutivo federal fija postura diaria sobre la agenda pública. Sheinbaum enmarcó el hallazgo como parte de los mecanismos de control interno, no como la confirmación de un desvío de recursos, una distinción con consecuencias prácticas: mientras no exista un dictamen o una resolución formal de la SABG, no hay responsabilidad administrativa ni penal que perseguir, y el caso no trasciende al terreno de la fiscalía.
La SEP se sumó a esa lectura. La dependencia que encabeza el programa es la responsable última de la integración y actualización del padrón de beneficiarios, por lo que cualquier señalamiento sobre la validez de los datos recae, en primera instancia, sobre sus propios controles internos antes de escalar a un órgano fiscalizador externo.
El precedente de los padrones sociales
México acumula un historial de controversias sobre padrones de programas sociales mal depurados, desde Oportunidades en los años dos mil hasta las múltiples observaciones de la ASF a los padrones de Prospera y, más recientemente, a los programas de bienestar del actual modelo de transferencias directas. En la mayoría de esos casos, las discrepancias detectadas correspondieron a errores de captura, duplicidad de registros o rezagos en la actualización de bases de datos, más que a esquemas deliberados de desvío, aunque en algunos expedientes sí derivaron en fincamiento de responsabilidades administrativas contra servidores públicos de mando medio.
La magnitud de la cifra ahora señalada —592.3 millones de pesos vinculados a 67,142 alumnos— resulta significativa en términos absolutos, pero su peso relativo dentro del presupuesto total etiquetado para las becas Benito Juárez no ha sido precisado por ninguna de las partes. Esa ausencia de proporción dificulta, por ahora, dimensionar si se trata de un problema estructural del padrón o de un número de expedientes acotado dentro de un universo mucho mayor de beneficiarios.
El episodio se inscribe en una serie de casos recientes sobre los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en distintas dependencias, en una línea similar a la que motivó que el consejo universitario de la Uacm pidiera una auditoría por obras abandonadas en varias de sus sedes o a la reserva por cinco años que Audomaro Martínez Zapata impuso sobre su declaración patrimonial cuando encabezaba el Centro Nacional de Inteligencia.
Ninguna de las dos instancias precisó un plazo para que la SABG concluya su revisión ni el universo exacto de expedientes auditados, lo que mantiene el caso en una fase preliminar, sin una persona imputada ni un señalamiento formal de desvío de recursos públicos. La distinción entre una observación de control interno y la comprobación de un ilícito es el eje sobre el que se sostiene la postura oficial, que la presidenta reiteró el viernes al insistir en que el supuesto fraude con las becas Benito Juárez no está probado y permanece sujeto a la revisión que adelanta la propia Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
