La resolución, firmada al cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, sostiene que divulgar los bienes del personal del CNI —antes Cisen— permitiría a grupos de la delincuencia organizada identificar a los funcionarios y presionarlos para obtener información privilegiada sobre las operaciones del centro de inteligencia. Será hasta septiembre de 2029 cuando se conozcan los bienes patrimoniales del general en retiro.
"Su divulgación permitiría que miembros de la delincuencia, al identificarlos, procedan a amenazarlos o extorsionarlos, a fin de que dicho personal les proporcione información privilegiada respecto de las operaciones que realiza", se lee en el documento.
Con esta reserva, las declaraciones patrimoniales de Martínez Zapata y del resto del personal del CNI no estarán disponibles en la plataforma Declaranet, operada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ni en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia. Se trata de la misma obligación de transparencia patrimonial que rige para el resto de los funcionarios del gobierno federal, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum.
El texto, del que EL UNIVERSAL posee copia según el material de origen, añade que existe un "riesgo real" y un "riesgo demostrable" de que la identificación del personal del CNI facilite a terceros promover la "ineficiencia" del sistema de inteligencia y exponer el estado de fuerza del Estado mexicano ante amenazas a la seguridad nacional. Martínez Zapata invocó además la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que el derecho de acceso a la información "no es absoluto" y admite excepciones.
Excomisionados del Inai cuestionan la reserva
Excomisionados del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) cuestionaron la validez de los argumentos. Adrián Alcalá Méndez, último comisionado presidente del organismo, reconoció que la ley permite a instituciones de seguridad como el CNI operar al margen de los comités de transparencia bajo responsabilidad exclusiva de su titular, pero consideró insuficiente la justificación empleada.
"La causal es legítima o es válida, porque está establecida en la ley, pero la motivación es insuficiente. No basta con decir 'todos los que trabajamos aquí realizamos trabajo de seguridad nacional'. No, no, no es cierto. Debería ser más clara", declaró Adrián Alcalá Méndez, último comisionado presidente del Inai.
Julieta del Río Venegas, también excomisionada del organismo, sostuvo que la ley ya contempla un mecanismo para conciliar la transparencia con la protección de datos sensibles sin necesidad de reservar la información en bloque.
"Vamos a seguir insistiendo que una declaración patrimonial no pone en riesgo a ninguna persona. Para eso existe la versión pública y eso está en la Ley de Transparencia (.) es una obligación de oficio que debe estar permanentemente en el portal", afirmó Julieta del Río Venegas, excomisionada del Inai.
La desaparición del Inai, cuyas funciones absorbió la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, dejó sin un árbitro autónomo las disputas sobre reservas de información como esta. De acuerdo con la propia resolución, el patrimonio del exjefe del CNI y de su equipo permanecerá fuera del escrutinio público hasta septiembre de 2029, cuando vence el plazo de cinco años fijado en el documento.