El punto de acuerdo, instrumento con que los órganos colegiados universitarios fijan posición institucional sin que medie una resolución vinculante inmediata, traslada a la Contraloría General la tarea de revisar el origen y el destino de los recursos destinados a las obras que, según la petición, se mantienen detenidas en varios planteles de la UACM.
El consejo universitario no detalló cuáles son los edificios afectados ni la fecha en que se interrumpieron los trabajos, aunque sí fijó el monto estimado para terminarlos: al menos 26 mdp. La solicitud de procedimientos de responsabilidad administrativa, en caso de proceder, correspondería instruirla a la propia Contraloría General, instancia interna facultada para investigar el manejo de recursos por parte de servidores universitarios, sin perjuicio de que los hallazgos puedan derivar en una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México si se detectan irregularidades que configuren delito.
La universidad, creada en 2001 por decreto de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal con el propósito de ofrecer educación superior gratuita y sin examen de admisión, ha arrastrado durante años señalamientos sobre el manejo de su presupuesto y el estado de su infraestructura, concentrada en sedes como Del Valle, Centro Histórico, San Lorenzo Tezonco y Cuautepec.
La UACM depende presupuestalmente de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, y su presupuesto anual se negocia como parte del paquete de egresos capitalino, un proceso en el que las universidades públicas locales han señalado en años anteriores insuficiencia de recursos para mantenimiento y obra nueva.
El caso se inscribe en la discusión sobre transparencia en el ejercicio del gasto público en instituciones capitalinas, un tema que también ocupa al Congreso de la Ciudad de México, que pidió fortalecer la transparencia en el proceso de consulta del ordenamiento del Valle de México.
El punto de acuerdo no precisa un plazo para que la Contraloría General responda a la solicitud del consejo universitario ni establece consecuencias en caso de que la auditoría no se realice, de modo que la resolución del caso depende de los tiempos internos del órgano fiscalizador de la institución.