El nombre de la institución promete disciplina; los expedientes dibujan otra cosa. Según narran los propios afectados en entrevista con El Universal, el órgano opera como el brazo que cobra las facturas pendientes de la reforma judicial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024. La disciplina, en esta lectura, tiene memoria selectiva: alcanza a quien frenó el proceso con un amparo, no a quien lo dejó pasar.
El caso de Martha Eugenia Magaña López, exjueza de Distrito en Morelos, ilustra el mecanismo. Concedió una suspensión en el amparo 1251/2024 contra la reforma y renunció anticipadamente para no participar en la elección de jueces que esa misma reforma creó. Aun así, el 11 de marzo de 2026 la Comisión de Investigación del tribunal abrió un procedimiento disciplinario en su contra a petición de la Secretaría de Gobernación. Se le acusa de "contravención expresa a la Ley de Amparo", "desacato a jurisprudencias" de la SCJN y de actuar "bajo un conflicto de interés personal para frenar una facultad soberana del poder reformador".
Magaña López sostuvo que la orden provino de la cúpula del anterior gobierno: "La orden para iniciar este procedimiento, así como juicio político y denuncia penal, vino directamente de AMLO y así se concretó; mi denunciante es la Consejería Jurídica de la Secretaría de Gobernación", declaró a El Universal. Para ella se trata de una persecución selectiva.
"Nos están sancionando selectivamente. Hay, por ejemplo, titulares ahora electos o afines al régimen que en su momento concedieron suspensiones en el mismo sentido que yo y no tienen investigación sobre el tema (…) porque los estándares internacionales son claros: a ningún juez se le procesa por el sentido de sus resoluciones", Martha Eugenia Magaña López, exjueza de Distrito en Morelos.
José Antonio Lozano Batarse, juez de Distrito en retiro adscrito a Coahuila, enfrentó el 25 de septiembre de 2026 su primera audiencia en el procedimiento 50/2026-OJ. Su caso ya había sido desechado por el Consejo de la Judicatura Federal y fue reactivado por iniciativa de quien hoy dirige el nuevo órgano. "La denuncia administrativa ya se había desechado de manera fundada y motivada por el Consejo de la Judicatura Federal, y se reactivó por un recurso formulado por quien ahora dirige el órgano de administración (…) mejoró y amplió la denuncia original para así encuadrar de manera forzada los hechos como 'falta grave'", declaró el juzgador.
El giro de cuatro votos contra tres
Las constancias señalan a la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación como la articuladora de la ofensiva administrativa, con quejas masivas contra jueces que habían concedido suspensiones. El extinto Consejo de la Judicatura Federal las desechó inicialmente, bajo el criterio histórico de que las medidas cautelares forman parte del libre criterio jurisdiccional y no son revisables por la vía administrativa. Ese criterio cedió en marzo de 2025, cuando una votación de cuatro votos contra tres en el pleno del CJF lo revirtió y abrió las puertas a las indagatorias oficiosas que hoy se extienden por juzgados de todo el país.
El expediente escapa ya del terreno administrativo. El juez de Distrito Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido enfrenta una carpeta de investigación penal de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la FGR por supuestos delitos contra la administración de justicia. El uso paralelo de la vía penal y la disciplinaria recae sobre actos jurisdiccionales que en otros casos se tramitan como falta administrativa. El precedente mexicano de choque entre poderes no es nuevo: en 2004 el entonces jefe de gobierno capitalino, López Obrador, enfrentó un proceso de desafuero que la clase política leyó en clave de pugna política, no estrictamente jurídica.
Juan Gerardo Anguiano Silva, quien presidió el Juzgado Octavo de Distrito en Michoacán, acumula ocho procedimientos simultáneos clasificados como "graves" por haber admitido amparos y otorgado suspensiones provisionales contra la reforma. Prepara una defensa alineada con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ante lo que califica como persecución de Estado "abierta y mediática".
La reforma judicial que originó estos procesos recibió respaldo en las mañaneras y defensas discursivas que reaparecen en la voz de López Obrador, quien en su más reciente libro llama a Claudia Sheinbaum "la presidenta del mundo". Mientras unos celebran el libro, otros, como Lozano Batarse, siguen compareciendo ante comisiones que un año atrás los habían exonerado.