La senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, fue la primera en fijar postura desde la tribuna. Recordó que su bancada identificó el riesgo desde que conoció el contenido de la reforma y lo señaló durante la discusión en comisiones, sin que la mayoría legislativa aceptara retirar el precepto que considera problemático. Advirtió que la propuesta castiga con hasta cinco años de prisión y multas de hasta un millón de pesos a quienes usen la gráfica institucional con fines de crítica o parodia.
"Hemos señalado que, una vez más, vemos al gobierno y su mayoría legislativa actuando bajo este modus operandi. Plantear una causa noble, como lo es sin duda el combate a la piratería, para que, en el camino de esta propuesta, de esta reforma, puedan seguir haciéndose del control, en esta ocasión de la libertad de expresión", Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano.
Barrales vinculó la iniciativa con una disputa más amplia por el control del discurso público en el entorno digital. "En realidad, lo que quiere la mayoría, lo que quiere concretamente Morena, es hacerse del control de lo que se dice, de lo que se comenta, de lo que se ve y de lo que se escucha en línea", acusó, y adelantó que su voto será en contra en lo general y en lo particular.
Morena defiende la precisión del 403 bis
El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, presentó el dictamen y rechazó que exista intención de sancionar memes, parodias o crítica política. Explicó que en comisiones se ajustó la redacción del artículo 403 bis para acotar la conducta punible al uso comercial de identidad institucional con el propósito de inducir a error sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma o servicio, y que la pena prevista se redujo respecto a la propuesta original.
"Que quede claro que la crítica, la sátira y el debate público pertenecen a una democracia, pero hacerse pasar por una institución para engañar es otra cosa, y las leyes deben de tener precisión suficiente para discutir una cosa de la otra", Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.
El legislador morenista insistió en que corresponderá al ministerio público acreditar en cada caso los elementos del delito, respetando la presunción de inocencia y el debido proceso. Describió el dictamen como un ejercicio de equilibrio: "ni impunidad frente a quienes hacen de la piratería y la falsificación una actividad económica, ni arbitrariedad frente a la ciudadanía".
Añorve alerta de zonas grises penales
El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, centró su intervención en la dificultad de distinguir entre parodia legítima e intento de engaño, un problema que, dijo, no admite ambigüedad cuando están de por medio derechos fundamentales. Planteó quién decidirá cuándo una caricatura política o un video satírico cruza la línea hacia la conducta sancionable y advirtió que la falta de claridad abre la puerta a la discrecionalidad.
"En materia penal no puede haber zonas grises, mucho menos cuando están en juego la libertad de expresión, la libertad de prensa y nuestra democracia", Manuel Añorve Baños, coordinador de los senadores del PRI.
La discusión se inscribe en un patrón de reformas del gobierno sobre el espacio digital que la oposición ha objetado por su redacción, en paralelo a otras revisiones legislativas del entorno tecnológico, como las más de 100 iniciativas de inteligencia artificial sin una sola aprobada que analistas de la Ibero han documentado en la LXVI Legislatura. El pleno del Senado continuará la discusión del dictamen antes de someterlo a votación en lo general y en lo particular.