Fuentes diplomáticas en La Haya habían anticipado a principios de semana, en información difundida por la agencia EFE, que Trump tenía previsto anunciar este viernes sanciones contra la Corte como institución, con independencia del fallo del Comité Nobel. La coincidencia de calendario disparó las lecturas políticas en capitales de todo el mundo sobre el momento elegido por la Casa Blanca para formalizar la medida contra el tribunal.
Pillay, que ayudó a crear la CPI hace dos décadas, formó parte de la comisión independiente de Naciones Unidas sobre Israel y los territorios palestinos ocupados, instancia que concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza. Ese antecedente ha sido el eje de las críticas del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, contra la decisión del Comité Nobel de premiar a la jurista.
Las nuevas sanciones implican, en principio, el bloqueo de bienes e intereses de la CPI en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos y empresas de ese país, además de restricciones a cualquier transacción con la institución. La medida se suma a las impuestas meses atrás contra 17 personas vinculadas al tribunal, entre jueces y fiscales, en un patrón de presión que Washington mantiene desde la firma de la orden ejecutiva de Trump en febrero de 2025.
Aquella orden abrió la puerta a sancionar a responsables de la CPI que participaran en investigaciones o procesos contra ciudadanos estadounidenses o de países aliados, y señaló de manera expresa las órdenes de arresto emitidas en noviembre de 2024 contra Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra en Gaza.
Ni Estados Unidos ni Israel forman parte de los 125 países miembros de la CPI, pero el tribunal sostiene que tiene jurisdicción sobre determinados crímenes cometidos en territorios de Estados firmantes del Estatuto de Roma, como Palestina o Afganistán. Esa base jurídica es precisamente la que Washington cuestiona de manera sistemática desde que se dictaron las órdenes contra los dos funcionarios israelíes.
La Corte habla de intimidación
La propia Corte Penal Internacional rechazó "firmemente" las sanciones y las describió como una maniobra dirigida contra su funcionamiento y contra el personal que trabaja en sus procesos.
"Es un intento de obstaculizar el curso de la justicia y de impedir que la Corte haga aquello para lo que fue creada", denunció la Corte Penal Internacional en un comunicado, en el que recordó que el tribunal fue establecido mediante un tratado internacional respaldado por 125 Estados.
El tribunal, creado por el Estatuto de Roma para investigar y juzgar genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y de agresión, ha defendido en reiteradas ocasiones que su mandato depende de la cooperación de los Estados miembros y de que terceros países no obstruyan sus investigaciones, un principio que considera vulnerado por las sanciones estadounidenses.
El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó la decisión y alertó sobre el impacto que puede tener en la capacidad del tribunal para cumplir funciones derivadas de remisiones del Consejo de Seguridad y de países firmantes del Estatuto de Roma. Guterres se mostró "profundamente alarmado" por las consecuencias que las medidas estadounidenses pueden tener para el conjunto de la Corte, según un comunicado difundido por su portavoz, Stéphane Dujarric.
Alemania, Dinamarca, Canadá, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido emitieron un comunicado conjunto de rechazo a las sanciones, mientras la Comisión Europea se declaró "dispuesta a adoptar todas las medidas necesarias para que la Corte pueda llevar a cabo su labor". La Unión Africana felicitó a Pillay por el Nobel y respaldó la decisión del Comité noruego, en contraste directo con la postura de Washington y Tel Aviv.
Netanyahu celebra la medida de Trump
Netanyahu fue el principal defensor público de las sanciones y acusó al Comité del Nobel de perder el rumbo al premiar a la exjueza sudafricana.
"El Comité del Nobel perdió su brújula moral al otorgar su máximo galardón a una fanática que construyó su carrera inventando y propagando libelos de sangre contra el único Estado judío", afirmó Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, quien además elogió a Trump por "tomar esta decisión crítica" de sancionar a la institución.
El episodio se inscribe en una tensión de larga data entre Washington y La Haya: Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma y ha objetado históricamente la jurisdicción de la CPI sobre ciudadanos de países no miembros, una postura que mantuvieron administraciones republicanas y demócratas, aunque con distinta intensidad en los mecanismos de presión empleados. La propia Pillay denunció esta semana que el derecho internacional es "blanco de ataques políticos".
