La iniciativa, enviada por la Presidencia de la República, ampliaría de una a cinco las instancias con voz en el análisis de operaciones de capital foráneo que puedan tocar sectores sensibles. Hasta ahora, la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras concentraba esa función sin la participación directa de las fuerzas armadas ni del Centro Nacional de Inteligencia. La bancada morenista y sus aliados preveían avalar el dictamen en la sesión ordinaria de este miércoles para remitirlo a la colegisladora.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, defendió el sentido de la reforma durante la sesión y buscó despejar el temor de que la medida frene la llegada de capital extranjero. Explicó que el objetivo es fijar reglas para que la inversión extranjera contribuya al desarrollo del país sin comprometer la seguridad nacional.
"Apertura económica y soberanía nacional no son conceptos contradictorios", sostuvo Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera.
La senadora del PRI Claudia Anaya coincidió en la necesidad de blindar la revisión de inversiones sensibles, pero puso condiciones a la participación de militares y marinos en el nuevo esquema. Advirtió que esa intervención debe quedar delimitada por la ley y no ampliarse de manera discrecional.
"Es importante la participación de las fuerzas armadas en la reforma", dijo la senadora priista Claudia Anaya, quien subrayó que esa intervención "debe estar bien acotada y regulada".
La incorporación de la SSPC, la Defensa, la Marina y el CNI a un filtro hasta hoy reservado a una comisión de perfil económico marca la continuidad de una tendencia que se aceleró en el sexenio anterior, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador trasladó a las fuerzas armadas tareas civiles como la administración de aduanas, puertos y obra pública, un giro que la oposición cuestionó como militarización de funciones del Estado.
El debate se produce en el mismo periodo en que el Senado ha impulsado otros cambios en materia de soberanía y seguridad jurídica, como la reforma que obliga a quienes aspiren a gobernar el país a renunciar a la doble nacionalidad, discutida en comisiones según se reportó cuando las comisiones del Senado avalaron que aspirantes a gobernar renuncien a doble nacionalidad.
De aprobarse el dictamen en el pleno, la iniciativa pasaría a la Cámara de Diputados como colegisladora antes de su eventual promulgación, con la advertencia de Anaya sobre la necesidad de acotar la participación de las fuerzas armadas aún sin resolver en el texto.