La Sener detalló que la gasolina regular se mantiene por debajo de los 24 pesos por litro y el diésel por debajo de los 27 pesos a nivel nacional. En la franja fronteriza el precio se ubica por debajo de los 25.39 pesos por litro, cifra que resulta de aplicar una tasa de IVA del 8% en esa región, menor a la que rige en el resto del territorio. La dependencia descartó incrementos con el objetivo, según su texto, de proteger el poder adquisitivo de las familias y contener presiones inflacionarias sobre bienes y servicios.
El pronunciamiento llega después de que la semana pasada la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró, durante la mañanera, que el gobierno federal mantiene una coordinación permanente para asegurar el suministro de energéticos, en respuesta a versiones sobre un posible desabasto en el sur del país. La dependencia no precisó en qué entidades se habrían presentado esos reportes.
Tope de 24 pesos fijado hasta marzo de 2027
El acuerdo que sostiene estos precios no es nuevo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) había precisado el 3 de octubre que el precio máximo de 24 pesos por litro para la gasolina regular quedó fijado hasta marzo de 2027, como resultado de la negociación entre el gobierno federal y el sector gasolinero. Se trata de un esquema voluntario, sin respaldo en una reforma legal, que depende de la disposición de las empresas distribuidoras a mantener sus márgenes dentro del rango pactado.
La Sener subrayó que realiza un monitoreo diario de las condiciones de inventarios y coberturas de todos los energéticos, tarea que corresponde a sus atribuciones como autoridad rectora de la política energética, distinta de la función operativa que recae en Pemex y en los permisionarios privados. La dependencia reiteró que el gobierno federal cuenta con las capacidades institucionales y normativas necesarias para garantizar un abasto continuo, seguro y asequible.
El esquema convive con un dato que mantiene abierto el debate sobre su sostenibilidad: México figura entre los países con el diésel más caro entre los diez de mayor consumo a nivel internacional. El acuerdo voluntario enfrenta la presión de la volatilidad de los precios internacionales del crudo y de los costos de refinación, variables que escapan al control del tope pactado.
Los topes de precios tienen antecedentes en la política de combustibles mexicana. Durante décadas el Estado administró directamente los precios a través de Pemex como monopolio; la reforma energética de 2013 abrió el mercado y, a partir de 2017, la liberalización gradual trasladó los precios a condiciones de mercado, lo que derivó en episodios de alza como el llamado gasolinazo de enero de ese año. El esquema actual de topes negociados con el sector privado representa un regreso parcial a la intervención sobre los precios finales.
El precio de la gasolina y el diésel incide de forma directa en el costo del transporte de mercancías y, por esa vía, en la inflación que reporta mensualmente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En el terreno cultural y de consumo, el costo de los energéticos se filtra incluso a la vida urbana cotidiana, desde el reparto hasta la movilidad que acompaña episodios como el de Martin Garrix en una taquería de la Roma Norte.
La SHCP fijó la vigencia del tope de 24 pesos por litro hasta marzo de 2027, horizonte hasta el cual el gobierno federal se comprometió a sostener la estabilización de precios acordada con el sector gasolinero.
