La cifra oficial marroquí —72 muertos— no coincide con la que hasta el momento maneja el propio comunicado de Rabat en su desglose verificado: once fallecidos, diez de ellos por ahogamiento, corroborados conjuntamente con España. La disparidad entre ambos balances, once frente a 72, se explica, según fuentes marroquíes, por la dificultad de recuperar cuerpos en la zona del espigón y por la existencia de víctimas cuyo fallecimiento aún no ha podido cotejarse entre los dos países.
El detonante que invoca Rabat es una sentencia del Tribunal Supremo relativa a las llamadas devoluciones en caliente, la figura por la que España expulsa de forma inmediata a quienes son interceptados intentando cruzar de forma irregular la frontera con Ceuta y Melilla sin pasar por un procedimiento administrativo previo. Según el portavoz del Interior marroquí, la interpretación popular de ese fallo —que no se detalla en el comunicado difundido— generó la creencia de que España había suspendido esas devoluciones, algo que, sostiene Rabat, habría sido explotado por organizaciones de tráfico de personas para animar a miles de migrantes a intentar el cruce de forma simultánea.
El marco jurídico de las devoluciones en caliente
Esa figura ha sido objeto de litigios sucesivos ante los tribunales españoles y europeos desde hace más de una década. El Tribunal Constitucional avaló en 2020 su compatibilidad con la Constitución bajo determinadas condiciones, exigiendo que se practiquen con pleno control judicial y respeto a los tratados internacionales suscritos por España. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también se ha pronunciado sobre casos similares en la valla de Melilla en años anteriores. La referencia marroquí a un pronunciamiento reciente del Supremo apunta a que el alto tribunal habría fijado matices o límites a esa práctica, aunque el contenido exacto del fallo no consta en el material disponible.
El propio comunicado marroquí reconoce un problema de comunicación institucional: la ciudadanía habría interpretado erróneamente el alcance de la sentencia, lo que sugiere que su contenido no se difundió con suficiente claridad antes del intento de entrada. La complejidad técnica de estas resoluciones, que suelen matizar procedimientos administrativos sin alterar el marco general de control fronterizo, facilita lecturas distorsionadas cuando circulan de forma simplificada.
El espigón del Tarajal, en el extremo oriental de la ciudad autónoma, ha sido escenario de otros episodios trágicos. El más recordado es el del 24 de junio de 2022, cuando al menos 23 personas murieron —según el balance oficial marroquí de entonces— en un intento de entrada masiva hacia Melilla, en un suceso que derivó en investigaciones judiciales en ambos países por presunta actuación desproporcionada de las fuerzas de seguridad y en denuncias ante organismos internacionales que en algunos casos siguen abiertas.
El Gobierno marroquí insiste en que el suceso del pasado jueves no responde a una decisión ni a una permisividad institucional, sino a la actuación de mafias organizadas que habrían coordinado el asalto simultáneo de decenas de miles de personas. Esa versión desplaza la responsabilidad hacia terceros y descarta cualquier fallo de control fronterizo por parte de las autoridades marroquíes, encargadas de vigilar el lado sur de la frontera en virtud de los acuerdos de cooperación migratoria vigentes entre Rabat y Madrid.
Fuentes del Ministerio del Interior español no han confirmado hasta el momento la cifra de 72 muertos aportada por Marruecos y validan únicamente el dato de once fallecidos cotejados conjuntamente. Esta discrepancia entre balances oficiales de ambos países no es inédita: en sucesos migratorios masivos anteriores en la frontera de Ceuta y Melilla, las cifras ofrecidas por Rabat y Madrid han diferido en varias ocasiones, lo que ha alimentado la exigencia de organizaciones humanitarias de una investigación internacional independiente que hasta la fecha no se ha materializado.
En el plano judicial, la entrada masiva del jueves podría abrir diligencias en España si se acreditan indicios de delitos como el de tráfico de personas o resistencia a la autoridad por parte de quienes forzaron el paso. De confirmarse la participación de redes organizadas, como sostiene Rabat, la instrucción correspondería en principio a los juzgados de instrucción de Ceuta, sin perjuicio de que la Fiscalía pueda solicitar la intervención de la Audiencia Nacional si se detectan conexiones con estructuras de tráfico que operen en varios países, competencia que ese tribunal tiene asignada por la Ley Orgánica del Poder Judicial para determinados delitos de criminalidad organizada transnacional.
Ninguna persona figura hasta el momento como investigada por estos hechos, ni consta la apertura formal de una causa en los juzgados de Ceuta o en la Audiencia Nacional. La ausencia de imputaciones no impide que la Policía Nacional y la Guardia Civil, en coordinación con sus homólogos marroquíes, continúen recabando pruebas sobre la organización del asalto, incluida la posible existencia de una convocatoria previa difundida a través de redes sociales, un patrón ya detectado en episodios anteriores en la región.
La cooperación entre España y Marruecos en materia migratoria se sustenta en el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de 1991 y en acuerdos posteriores de gestión de flujos, un marco que ambos países reforzaron especialmente tras la crisis diplomática de mayo de 2021, cuando la llegada de miles de personas a Ceuta en un solo día tensó al máximo la relación bilateral. El episodio de este jueves reabre el debate sobre la fiabilidad de esa cooperación y sobre hasta qué punto Rabat controla su frontera norte.
Organizaciones humanitarias que operan en la zona, como Caminando Fronteras, han documentado en años anteriores un patrón de infracomunicación de víctimas en este tipo de sucesos, con cifras que solo se conocen semanas o meses después, cuando se identifican cuerpos o se confirma la desaparición de personas a través de testimonios de familiares. La verificación conjunta que ahora emprenden España y Marruecos, según el propio comunicado marroquí, será clave para despejar la distancia entre los once fallecidos confirmados y los 72 que reclama Rabat.
A partir de ahora, la atención se centra en dos frentes: la investigación policial y, en su caso, judicial sobre la organización del asalto, y la verificación bilateral del número real de víctimas. De abrirse una causa penal en España por tráfico de personas u otros delitos conexos, cualquier persona señalada como investigada tendría derecho a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías, sin que las declaraciones gubernamentales de uno u otro país puedan sustituir a una instrucción judicial que, de iniciarse, marcará los plazos y el alcance real de las responsabilidades penales.
