Hay una lógica exportadora en el relato: si el discurso no termina de prender en casa, se empaca y se manda afuera. Según Batalla, Ferrer viajará junto a María Soledad Morales, líder de su equipo jurídico, para entregar a las autoridades estadounidenses los mismos insumos que, aseguran, ya pusieron ante la Fiscalía General de la Nación. La diferencia es que esta vez el destinatario es un país sin jurisdicción sobre lo que ocurra —o no— en un despacho judicial bogotano.
El abogado defendió la necesidad del viaje en términos casi notariales, anticipándose a la objeción que nadie le ha formulado todavía:
«Como va avanzando el proceso en Colombia, es necesario que esta declaración que Eva Ferrer dio, y la evidencia que manifestó en plena audiencia, los audios que mostró, las fotografías que efectivamente corroboran a nivel de suficiencia que su dicho no es un dicho mentiroso, sean también entregados a los Estados Unidos», Johnny Batalla, abogado de Ferrer.
Que el Departamento de Estado y la DEA reciban a una ciudadana particular para escuchar señalamientos sobre una expareja presidencial no es, por sí mismo, un hecho inédito: las agencias estadounidenses llevan décadas interesadas en el espacio aéreo colombiano, con o sin invitación de Bogotá. Lo llamativo es el orden de los factores. Ferrer ratificó primero en la revista SEMANA, compareció el miércoles 21 de octubre por primera vez ante la Fiscalía y tiene vuelo reservado para Washington antes de terminar de deponer en el país.
Porque la cronología que fijó el propio Batalla deja a la testigo a mitad de camino: la diligencia ante la Fiscalía continuará de forma virtual este viernes 23 de octubre, a las 8 de la mañana, y el viaje al exterior está programado cinco días después. La amistad entre Ferrer y Alcocer, según la evidencia descrita por el abogado, se remonta a 2012. Sobre el peso de esa declaración, Batalla fue elocuente ante SEMANA.
«Eva fue muy sólida, muy concreta, muy asertiva en todas las respuestas que dio ante la Fiscalía. Documentos, fotografías y audios ratifican que es llamada a trabajar en la campaña», Johnny Batalla, abogado de Ferrer.
La acusación de fondo —una presunta red de tráfico de drogas y armas operando desde aviones oficiales, con la exprimera dama como cabeza visible— es de una gravedad que debería bastarse a sí misma para exigir una instrucción rigurosa, con garantías para todas las partes, sin subtítulos ni rating. El patrón no es nuevo en la vida pública colombiana: del proceso 8.000 en 1995, que estalló por casetes y cheques difundidos antes que por sentencia, a los grandes escándalos recientes, este país ha tendido a dirimir sus pleitos más sensibles primero en la opinión pública y después en los tribunales.
Como ya se reseñó a propósito de otros episodios del actual pulso institucional, la distancia entre el escándalo mediático y la sentencia judicial sigue siendo, en Colombia, un territorio donde cabe casi cualquier itinerario. El próximo hito consta en la agenda que trazó el propio abogado: la diligencia virtual del viernes 23, y luego la cita en Washington el miércoles 28 de octubre.