La doble conformidad permite que una persona condenada por primera vez impugne esa decisión ante otra autoridad judicial, garantía que adquiere particular relevancia cuando un fallo absolutorio en primera instancia se convierte en condena en segunda instancia. En ese escenario, la defensa debe contar con una oportunidad efectiva de controvertir el fallo, un punto que el proyecto busca precisar con reglas claras sobre quién revisa la condena y bajo qué procedimiento.
La necesidad de legislar sobre la materia no es nueva. En 2014, mediante la Sentencia C-792, la Corte Constitucional exhortó al Congreso a reglamentar el derecho a impugnar la primera condena penal ante la ausencia de un marco legal completo. La reforma constitucional de 2018 y decisiones judiciales posteriores ayudaron a construir mecanismos para hacerlo efectivo, pero el vacío legislativo persiste más de una década después del exhorto de la Corte.
Uno de los ejes centrales del proyecto es diferenciar la impugnación especial de la casación. La primera permite una revisión amplia de los fundamentos de la condena, incluidos los hechos, las pruebas y la aplicación del derecho; la segunda es un recurso extraordinario sujeto a causales específicas. La iniciativa plantea que ambos mecanismos operen de forma autónoma cuando procedan legalmente, de modo que ejercer la impugnación especial no cierre automáticamente la puerta a la casación posterior.
El texto también contempla medidas excepcionales para procesos anteriores en los que se habrían limitado las oportunidades de impugnación, un punto que podría generar preguntas sobre los efectos de las reglas transitorias en casos ya resueltos y sobre la imparcialidad de los jueces llamados a intervenir en la revisión.
El Proyecto de Ley 282 de 2026 fue radicado el 1 de octubre y, de acuerdo con la ficha legislativa, está pendiente de la designación de ponentes en el Senado. La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, participará en el encuentro como ponente de la iniciativa, junto al presidente del Senado, Honorio Henríquez, y el ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino.
La jornada también reunirá a los expresidentes de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, José Fernando Reyes Cuartas y Jorge Aníbal Gómez Gallego, respectivamente, junto con representantes de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Completan el panel académico litigantes como Fernando Velásquez Velásquez, Bernardita Pérez Restrepo y Juan David Riveros Barragán, entre otros.
La agenda se divide en tres bloques: uno dedicado a la apertura institucional y la presentación del proyecto, otro centrado en el debido proceso y la tutela desde la perspectiva de la investigación penal, y un tercero sobre seguridad jurídica, derecho de defensa y estándares internacionales en materia de casación. El encuentro cerrará con un debate sobre cómo garantizar este derecho a todos los condenados, abierto a preguntas del público.
El debate se produce en paralelo a otros frentes que ocupan la agenda institucional, como el reclamo de De La Espriella a la gobernadora de San Andrés y a la congresista Jay-Pang. La discusión sobre la doble conformidad, sin embargo, se mantiene centrada en un vacío normativo que las altas cortes vienen señalando desde la Sentencia C-792 de 2014. El encuentro arranca este viernes 23 de octubre a las 8:00 a. m. en el Auditorio Jockey Club de la Universidad del Rosario, en Bogotá.