La determinación contempla la incorporación de las cinco organizaciones al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), un mecanismo administrado por el Estado argentino. La decisión fue adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado de ese país, de acuerdo con el documento oficial.
En el caso de las dos estructuras colombianas, el Gobierno argentino las describió como organizaciones guerrilleras insurgentes de extrema izquierda, con fundamentos en el marxismo-leninismo y la revolución armada. El texto sostuvo, además, que su capacidad operativa y su expansión regional representan un riesgo para la seguridad nacional argentina, al señalar que sus redes podrían extender actividades hacia ese país.
El comunicado vinculó las acciones de ambas guerrillas con levantamientos armados y violaciones de derechos humanos, no solo en Colombia sino en otras naciones de la región. La caracterización llega cuando el ELN mantiene estructuras activas en zonas de frontera con Venezuela, mientras las disidencias de las antiguas FARC-EP operan bajo distintas facciones tras el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y esa entonces guerrilla.
La medida no se limita a los grupos colombianos. El Ejecutivo de Milei definió al Cártel de Sinaloa como una estructura criminal transnacional vinculada al narcotráfico, el contrabando y los secuestros extorsivos, y señaló a La Nueva Familia Michoacana por su participación en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, ambas organizaciones de origen mexicano.
Sobre Los Tiguerones, de Ecuador, el comunicado indicó que el grupo se dedica al narcotráfico y al sicariato, y recordó que surgió de una división de Los Choneros en 2020, junto con Los Chone Killers, organización que Argentina ya había declarado terrorista en agosto de este año. La inclusión en el RePET se enmarca en la estrategia del Ejecutivo argentino contra el crimen organizado transnacional, que ya había alcanzado en marzo de 2026 al Cártel Jalisco Nueva Generación, también mexicano.
El estatus jurídico de las guerrillas colombianas ha atravesado distintos gobiernos y procesos de negociación: desde los diálogos del Caguán, entre 1999 y 2002 bajo el gobierno de Andrés Pastrana, hasta el acuerdo de La Habana de 2016. Esa trayectoria mantiene abierta la disyuntiva sobre si el ELN y las disidencias deben tratarse como actores políticos negociables o como organizaciones terroristas, una discusión que en Colombia convive con la polarización en torno al conflicto armado reflejada en episodios como la respuesta de Lucio a Carrillo sobre acusaciones de corrupción.
Al cierre del comunicado, Milei reafirmó el compromiso de su Gobierno de combatir a las organizaciones que, según el Ejecutivo argentino, emplean la violencia, la extorsión y el terror como herramientas criminales.