El pliego cobija directamente al director encargado del establecimiento, teniente Fabián Leandro León Rodríguez, junto con los tenientes Heyler Antonio Fracica Sarmiento y Fredy Antonio Ciprián Díaz, el inspector jefe Salvador del Cristo Jiménez Palencia, el inspector Eduardo Parra Ceballes y el dragoneante Juan Diego Ospina Morales. Según el expediente disciplinario, los seis uniformados habrían incurrido en omisiones durante los protocolos de verificación que permitieron el ingreso de particulares a las instalaciones de alta seguridad sin los controles reglamentarios.
La Procuraduría calificó las conductas atribuidas a los procesados como faltas gravísimas cometidas a título de dolo, derivadas de presuntas omisiones en las anotaciones de los libros de guardia y en los registros obligatorios de novedades que debían consignarse en las plataformas digitales del penal. Con la apertura de la fase de juzgamiento, los seis funcionarios podrán ejercer su derecho a la defensa para controvertir los señalamientos y establecer responsabilidades individuales dentro del proceso.
El órgano de control abrió, además, una línea de investigación independiente contra el distinguido Raúl Torres Romero y la dragoneante Katherin Vanessa Baquero Henao, señalados por presuntas irregularidades en un informe donde se habrían consignado aparentes fallas técnicas en el sistema Sisipec 1 y en las redes internas del Inpec. Esas fallas, según el expediente, habrían sido usadas para justificar la ausencia de controles de acceso el día del concierto.
El expediente señala también que los dragoneantes Nairo Vargas Rubio y Juan Camilo Goez David decidieron confesar su participación en los hechos ante el ente de control, una circunstancia que en el trámite disciplinario puede incidir en la graduación de la sanción. La Procuraduría compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la posible comisión de conductas punibles por parte de los tenientes Ciprián Díaz, Fracica Sarmiento y León Rodríguez, lo que abre un frente penal paralelo al proceso disciplinario.
El caso se suma a los episodios que han puesto en entredicho la capacidad del Inpec para garantizar el control interno en los centros de reclusión, particularmente los catalogados de alta y media seguridad como el de Itagüí. La entidad, adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho, ha enfrentado señalamientos recurrentes de la Procuraduría y la Contraloría por hacinamiento, corrupción interna e ingreso irregular de elementos prohibidos a los penales. El episodio evoca el escándalo de 2013, cuando la Procuraduría destituyó a directivos de la cárcel La Picota, en Bogotá, por el ingreso irregular de particulares y bienes a las celdas de reclusos de alto perfil.
Los conciertos no son un hecho aislado dentro de los penales colombianos: este año, la música en recintos de reclusión también ocupó a la agenda cultural, como cuando Rock al Parque buscó superar el 79,42 % de residuos aprovechados de 2025. La diferencia es que, en Itagüí, el espectáculo se dio dentro de un complejo de máxima seguridad y sin autorización, lo que derivó en la actuación disciplinaria.
La Procuraduría General de la Nación, en su cuenta oficial, confirmó este jueves la formulación del pliego de cargos contra los seis funcionarios por las presuntas irregularidades en el ingreso y salida de personas del complejo penitenciario de Itagüí, un pronunciamiento que precede la fase de juzgamiento disciplinario ya en curso.
