Según el documento del alto tribunal, Ibáñez resaltó una contradicción manifiesta en la defensa de los accionados: promocionaron la cinta como obra de ficción y, a la vez, la presentaron al público como basada en hechos reales, fruto de una supuesta investigación rigurosa, con lealtad a la historia y capaz de mostrar la verdad de lo que ocurrió. Para el magistrado, esa doble promesa de fidelidad es la que llevó al espectador a tomar como ciertas escenas que no se ajustan a los hechos, entre ellas la que atribuye al exmagistrado Gaona Cruz una supuesta cercanía con el entonces grupo guerrillero M-19.
"La película no se ajusta a los hechos reales ocurridos en Colombia el 6 y 7 de noviembre de 1985 con motivo de la toma y la ocupación y luego la recuperación —también por algunos llamada retoma— del Palacio de Justicia, ni refleja con fidelidad la historia", sostuvo el magistrado en su aclaración. A su juicio, la lesión a los derechos de los accionantes no se dio solo por la promoción, sino por el contenido mismo de la obra, algo que la Corte se abstuvo de reconocer y que lo llevó a aclarar el voto.
Ibáñez acompañó el amparo de los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la honra, al buen nombre y a la faceta individual del derecho a la verdad y a la memoria histórica de Gaona Cruz y de sus familiares. El fallo respaldó la orden de presentar disculpas públicas por la forma en que se promocionó la cinta, dentro de una discusión que también ha marcado otros estrenos recientes del circuito cultural, como el reciente paso de Iron Maiden por Bogotá.
La verdad judicial e histórica ya construida
El magistrado enumeró las fuentes que, a su juicio, ya permiten hablar de una verdad judicial e histórica sobre el Palacio de Justicia: las investigaciones de los jueces de instrucción criminal y del Tribunal Especial de Instrucción, la labor posterior de la Fiscalía General de la Nación y de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, más de medio centenar de procesos de responsabilidad fallados por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, y la sentencia de 2014 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia. A ello sumó el Informe del Tribunal Especial de Instrucción de 1986, el Libro Blanco de 2005 y los informes preliminar y final de la Comisión de la Verdad.
Con ese acervo documental como respaldo, Ibáñez fue categórico en su calificación de los hechos. "La toma del Palacio de Justicia no fue una acción audaz, sino una acción demencial de un grupo terrorista, como lo calificaron varias sentencias del Consejo de Estado", afirmó, y añadió que el M-19 "profanó violentamente el templo de la justicia", tomó como rehenes a magistrados y civiles y utilizó a algunos como escudos humanos. Recordó que incluso dirigentes del grupo que se reincorporaron a la vida civil reconocieron que fue una gran equivocación y pidieron perdón.
"Con motivo de la toma y ocupación de una instalación pública con servidores públicos y civiles que estaban en su interior, no desconoce la responsabilidad del Estado por una recuperación o retoma que tribunales nacionales e internacionales calificaron de excesiva, caótica y desproporcionada, pues la justicia debe prevalecer sobre el terror, las vías de hecho y la arbitrariedad provenga de donde provenga", escribió el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar.
Sobre el exmagistrado fallecido durante los hechos, Ibáñez fue enfático: "el magistrado Gaona Cruz jamás tuvo nexos o relaciones con el grupo calificado judicialmente como terrorista M-19 que perpetró la toma". Según su aclaración, la manera en que la película lo retrata en varias escenas, particularmente en una donde se lo presenta como cercano al grupo armado, no se ajusta ni a la verdad judicial ni a la histórica construida desde 1985, que, afirmó, partió en dos la historia del siglo XX en Colombia.
El magistrado cerró su argumento señalando que la verdad en su dimensión pública es un bien colectivo y en su dimensión individual es el espacio en el que las víctimas dejan de ser invisibles. "Sobre lo poco o mucho que se ha alcanzado de verdad judicial e histórica, no es posible montar o construir una obra cuyas escenas están llenas de mentiras con el propósito de desvirtuarla o distorsionarla, aunque con el irreal argumento de basarse en hechos reales", concluyó Ibáñez en el documento del alto tribunal.
