El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha dictado esta tarde una providencia en la que cita al ex director de la Oficina de Competitividad del Gabinete de la Presidencia del Gobierno para que declare como testigo el próximo viernes 17 de abril a las 10:00. La citación llega a menos de una semana vista de la apertura del juicio oral contra Begoña Gómez, fijada por la Audiencia Provincial de Madrid para el 22 de abril, y forma parte del segundo bloque de diligencias complementarias que el instructor dejó vivo a principios de mes.
El ex director convocado es un funcionario de carrera del cuerpo de técnicos comerciales y economistas del Estado, con quince años de trayectoria en Moncloa y un expediente considerado impecable por sus superiores. Ocupó la Dirección de la Oficina de Competitividad entre 2021 y 2024, periodo durante el cual la esposa del presidente del Gobierno firmó el acuerdo de colaboración con una de las universidades privadas que financiaron la cátedra de Transformación Social Competitiva. El juez busca entender, según consta en la providencia, 'el procedimiento interno de autorización de convenios de colaboración y el papel efectivo del gabinete en la tramitación del acuerdo'.
La citación como testigo es, en términos procesales, la modalidad más suave de comparecencia judicial: obliga a decir verdad bajo la amenaza de falso testimonio, pero no implica imputación. Sin embargo, en la tradición del Juzgado 41, los testimonios de funcionarios de Moncloa en causas sensibles suelen abrir puertas que ninguna de las partes anticipa.
Lo que el juez quiere saber, según precisa la providencia, es 'el origen concreto de las aportaciones económicas, los calendarios de pago y los eventuales beneficiarios finales'. Los oficios tienen plazo de respuesta de cinco días hábiles, lo que significa que las universidades deberán enviar la documentación antes del próximo miércoles 22 de abril: justo el día en que comienza el juicio oral.
La coincidencia temporal no es casual. Peinado, que en los últimos meses ha sido acusado por algunos comentaristas de ralentizar deliberadamente la instrucción, quiere dejar completada toda la documentación instructora antes del inicio del juicio para que la Audiencia Provincial disponga del expediente íntegro al pasar las diligencias a la Sección 17. El movimiento es técnicamente coherente, aunque políticamente se leerá en clave de presión: la vista oral empezará con material documental llegado apenas horas antes, un escenario inusual en la práctica judicial española.
El entorno jurídico de Begoña Gómez ha reaccionado esta tarde con un comunicado en el que se limita a 'respetar la decisión del juez' y a 'reiterar plena colaboración con la justicia'. Fuentes de la defensa, contactadas fuera de la declaración oficial, admiten sin embargo un malestar creciente por lo que describen como 'fragmentación de la instrucción': el caso, que comenzó con cuatro delitos procesados, se ha extendido en las últimas semanas con oficios, comisiones rogatorias y diligencias complementarias que dificultan la estrategia defensiva global.
En la Audiencia Provincial de Madrid, por su parte, la magistrada ponente de la Sección 17 ha citado a las partes para una primera toma de contacto procedimental el lunes 20 de abril, también dentro del plazo estrecho antes del juicio. Esa reunión —no pública— servirá para acordar orden de llamadas, calendario de vista y tratamiento de las pruebas documentales que lleguen del Juzgado 41. Es una coreografía procesal exigente, casi de reloj suizo, que se está armando en apenas setenta y dos horas.
Más allá del detalle judicial, la secuencia deja sobre la mesa una pregunta que muchos analistas llevan semanas planteando: ¿qué quedará del caso Gómez en septiembre, seis meses después del juicio oral? Hay dos escenarios plausibles. Uno, que la instrucción complementaria abra nuevas ramas procesales y alargue el caso durante todo 2026. Dos, que el juicio oral se celebre en abril con un material ya cerrado y que la sentencia llegue antes de que termine el verano. Cuál de los dos escenarios se materialice dependerá, entre otras cosas, de la respuesta documental que lleguen a enviar las dos universidades privadas requeridas esta tarde. Y depende también del hecho, menos comentado pero no menos relevante, de si el ex director de la Oficina de Competitividad comparece el viernes con memoria o con matices.
