Los arraigos que recolecta MOVIR funcionan como constancias comunitarias o vecinales que certifican el domicilio y el arraigo laboral o familiar de una persona. Las organizaciones de víctimas consideran esos documentos clave para sustentar la ausencia de vínculos con estructuras criminales. Su entrega ante instancias del Órgano Ejecutivo busca abrir una vía adicional de revisión para quienes aseguran haber sido detenidos por error o sin pruebas suficientes.
El material disponible indica que las familias impulsoras buscan que sus casos sean incluidos en la revisión de expedientes anunciada por el Órgano Ejecutivo, sin que se precisen aún los criterios, el calendario ni el número de casos que dicha revisión contemplaría. MOVIR ha documentado de forma reiterada denuncias de personas capturadas bajo la medida sin que, a su juicio, existieran elementos suficientes para vincularlas con pandillas.
El régimen de excepción rige en El Salvador desde marzo de 2022, tras una ola de homicidios atribuida a estructuras pandilleriles, y suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa inmediata y a conocer en el plazo ordinario los motivos de la detención. Desde entonces, la Asamblea Legislativa lo ha prorrogado mes tras mes sin interrupción, con el respaldo mayoritario de las bancadas oficialistas en el Salón Azul.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha reportado en informes anteriores un número elevado de quejas por presuntas detenciones arbitrarias desde el inicio de la medida, cifras que organismos internacionales han citado al evaluar su impacto en la población civil. La FGR, por su parte, mantiene que las capturas realizadas por la PNC responden a labores de inteligencia e investigación contra estructuras criminales.
Prórrogas ininterrumpidas desde 2022
La extensión consecutiva de un régimen de excepción marca una diferencia con los estados de excepción aplicados por gobiernos anteriores ante crisis puntuales de seguridad, que tuvieron vigencias acotadas y no se prolongaron por años. El oficialismo ha defendido la continuidad de la medida como condición para sostener la baja en homicidios que la PNC ha reportado en meses recientes, entre ellos 24 días sin homicidios durante octubre.
Las organizaciones de víctimas insisten en que la reducción de la violencia no exime al Estado de revisar los casos de personas que, según sus testimonios, no tendrían vínculo con pandillas. La entrega de arraigos a Casa Presidencial se plantea como un mecanismo de presión ciudadana ante la ausencia, hasta el momento, de un protocolo público y detallado sobre cómo se desarrollará la revisión de expedientes anunciada por el Órgano Ejecutivo.
