La víctima y el ahora procesado se conocieron el 22 de septiembre de 2026 en un establecimiento ubicado sobre la avenida Los Andes, en las cercanías de la calle Atitlán, en San Salvador, según la investigación fiscal. Seis días después, ambos salieron juntos y compraron bebidas durante el recorrido.
El requerimiento sostiene que la víctima únicamente consumió un trago de cerveza y, posteriormente, perdió la conciencia sin recordar lo ocurrido. Al despertar en un lugar que no pudo identificar, constató la falta de varias pertenencias: sus zapatos, una cadena de oro, un reloj inteligente Apple Watch, $105 en efectivo, sus tarjetas bancarias, dos teléfonos celulares y un par de lentes de lectura. El valor total de lo sustraído asciende a $3,000, de acuerdo con el cálculo fiscal.
Tras interponer la denuncia, las diligencias de investigación permitieron ubicar y capturar al señalado, en cuyo poder se habrían encontrado algunos de los objetos reportados como robados. Ese hallazgo constituye, según el requerimiento, uno de los elementos que sustentan la imputación por el delito de robo, previsto y sancionado en el artículo 212 del Código Penal.
En la audiencia inicial, la jueza determinó que los indicios presentados por la Fiscalía General de la República acreditaban la existencia del delito y la probable participación del procesado en los hechos atribuidos. Con base en ese análisis, ordenó instrucción formal y detención provisional, una medida cautelar orientada a asegurar su comparecencia durante el proceso y que no implica un pronunciamiento sobre su culpabilidad.
La audiencia inicial es la etapa en la que el Juzgado de Paz valora si los elementos reunidos por la Fiscalía justifican abrir instrucción contra el imputado. La detención provisional, regulada en el Código Procesal Penal, procede cuando el juez estima que existe peligro de fuga o de obstaculización de la investigación, y se mantiene mientras el proceso avanza hacia una eventual acusación.
La decisión se inscribe en la actividad reciente de los juzgados de paz salvadoreños en la resolución de audiencias iniciales por delitos patrimoniales y contra las personas, como la detención provisional que un juzgado de Opico decretó por amenazas con arma de fuego o la captura que la PNC realizó en La Libertad contra un hombre que golpeó a su compañera de vida.
El proceso continuará ahora en fase de instrucción formal, etapa en la que la Fiscalía General de la República deberá reunir y presentar los elementos probatorios que sustenten una eventual acusación ante el tribunal correspondiente. Hasta ese momento, Marcos Amparo B. B. mantiene la condición de imputado dentro del proceso penal abierto en su contra.
