Solano Leiva situó el inicio de las separaciones del cargo a mediados de este año. El material disponible no precisa cifras totales, dependencias afectadas ni el mecanismo administrativo empleado para los despidos del personal sanitario, un vacío que limita el alcance de los señalamientos llevados al foro regional.
El Colegio Médico, gremial que agrupa a profesionales de la medicina en el país, recurrió a la CIDH, órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con sede en Washington al que acuden organizaciones salvadoreñas cuando consideran agotadas o ineficaces las vías internas de protección de derechos. La comisión no dicta sentencias vinculantes, pero puede emitir informes, recomendaciones y remitir casos a la Corte Interamericana.
El señalamiento hacia la PDDH apunta a lo que el médico describió como ausencia de acción institucional frente a las denuncias de los trabajadores despedidos. La procuraduría es, por mandato constitucional, el organismo encargado de velar por el respeto de los derechos humanos en el país, con capacidad de emitir resoluciones y recomendaciones y de dar seguimiento a posibles vulneraciones por parte de entidades estatales, aunque sus pronunciamientos carecen de fuerza coercitiva.
El gremio médico ha sido un actor recurrente en la discusión sobre condiciones laborales en el sistema de salud pública. Durante la pandemia de covid-19, el Colegio Médico documentó contagios, fallecimientos y condiciones de trabajo del personal sanitario, y en años posteriores Solano Leiva ha cuestionado decisiones de contratación y gestión de personal en hospitales nacionales.
El recurso al sistema interamericano tiene antecedentes en la historia reciente salvadoreña: tras la masacre de El Mozote de 1981, el caso llegó a la Corte Interamericana, que en 2012 condenó al Estado, un fallo que marcó la vía regional como última instancia cuando las nacionales se consideran agotadas. Organizaciones y gremiales del país han seguido esa ruta en reclamos laborales y de derechos frente a decisiones estatales.
Los señalamientos sobre la situación laboral en la salud pública coinciden con un momento en que el Órgano Ejecutivo ha impulsado anuncios de inversión extranjera, como el memorando firmado recientemente con el Grupo Cox por $2,900 millones en energía y agua. La exposición ante la CIDH traslada a un foro internacional una controversia que, según el gremio, no ha hallado curso en las instancias nacionales.
