López Castellón describió el silencio oficial sobre el paradero del cuerpo como el aspecto más duro del proceso. En su relato ante el organismo interamericano sostuvo que la familia no recibió notificación formal antes de la inhumación.
"Rafael falleció el 1 de junio de 2022, habiendo sobrevivido apenas mes y medio desde su captura. Lo más cruel fue el silencio del Estado, su cuerpo estuvo semanas en la morgue y luego fue enterrado clandestinamente en una fosa común, en la Bermeja", relató Pedro Ascencio López Castellón ante la CIDH.
El régimen de excepción rige en El Salvador desde marzo de 2022, cuando la Asamblea Legislativa lo aprobó a petición del Órgano Ejecutivo y lo ha prorrogado de forma sucesiva. La medida suspende garantías constitucionales como el derecho de defensa y el plazo máximo de detención administrativa, y ha derivado en decenas de miles de capturas.
El Instituto de Medicina Legal, dependiente del Órgano Judicial, es la entidad encargada de la identificación forense y la entrega de cuerpos a los familiares en El Salvador. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha documentado fallecimientos de personas privadas de libertad bajo el régimen de excepción, junto con denuncias de familiares sobre falta de información sobre el estado de salud o el destino final de los cuerpos.
El cementerio La Bermeja, en San Salvador, ha sido señalado por familiares y organizaciones de derechos humanos como el lugar donde se habrían inhumado cuerpos de personas fallecidas bajo custodia estatal sin notificación a sus allegados. Esas organizaciones reclaman la ausencia de un protocolo público y verificable sobre la cadena de custodia de los cuerpos de los detenidos.
El uso de fosas comunes para inhumar cuerpos sin identificación plena ni aviso a los familiares tiene antecedente documentado en el conflicto armado de 1980 a 1992. La Comisión de la Verdad para El Salvador, auspiciada por las Naciones Unidas, registró en su informe de 1993 casos similares vinculados a desapariciones forzadas, que sirvieron de base para procesos posteriores de exhumación e identificación impulsados por familiares de víctimas.
El testimonio se enmarca en el seguimiento que la CIDH mantiene sobre El Salvador desde la declaratoria del régimen de excepción, un escrutinio internacional que también ha alcanzado la política exterior del Órgano Ejecutivo, como cuando Bukele advirtió a las pandillas de Haití que podía terminar con ellas. La Comisión ha pedido en informes previos al Estado salvadoreño información sobre el número de fallecidos bajo custodia y los protocolos de notificación a los familiares.
