Su señalamiento más duro apuntó a lo que, a su juicio, comunicó el Estado al no presentarse ante el organismo regional.
"El mensaje del Estado de El Salvador a las víctimas del régimen fue: somos impunes y nos importa un carajo", afirmó Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario.
La CIDH, con sede en Washington y órgano principal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos junto a la Corte Interamericana, celebra audiencias temáticas y de seguimiento a las que convoca tanto a organizaciones de la sociedad civil como a representantes estatales. La inasistencia de un Estado a estas audiencias no conlleva sanción formal, pero suele leerse como una señal política sobre la disposición del gobierno de turno a dialogar con el organismo regional.
El régimen de excepción está vigente desde marzo de 2022, tras la escalada de homicidios atribuida a pandillas, y suspende garantías constitucionales como el derecho de defensa y el plazo ordinario de detención administrativa. La Asamblea Legislativa lo ha prorrogado de forma sucesiva mes a mes desde entonces. Durante estos más de cuatro años, organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Socorro Jurídico Humanitario, han documentado miles de denuncias de capturas sin orden judicial ni indicios individualizados.
Escobar ha sido una de las voces más constantes en la documentación de casos de personas fallecidas bajo custodia estatal y de detenciones que, según su organización, no cumplieron con los estándares de debido proceso contemplados en la Constitución salvadoreña. El Socorro Jurídico Humanitario ha presentado denuncias ante instancias nacionales e internacionales, incluida la propia CIDH, desde el inicio del régimen de excepción.
El mecanismo de prórroga mensual ha sido aprobado reiteradamente en el Salón Azul con el respaldo de la fracción legislativa oficialista, que cuenta con mayoría calificada en la Asamblea Legislativa. El Órgano Ejecutivo ha defendido públicamente la medida como responsable de la reducción sostenida de homicidios, argumento que ha cobrado fuerza tras reportes como el de 24 días sin homicidios durante octubre difundido por la Policía Nacional Civil (PNC).
Frente a esa narrativa de resultados en seguridad, organizaciones como el Socorro Jurídico Humanitario y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han insistido en que la reducción de la violencia no exime al Estado de responder por las denuncias de abusos individuales, muchas de ellas pendientes de resolución en sede judicial o ante la Fiscalía General de la República (FGR).
La discusión sobre el balance entre seguridad pública y garantías individuales bajo el régimen de excepción se ha mantenido activa en foros académicos y de política pública salvadoreña, donde también se ha planteado la necesidad de criterios técnicos para liberar a colaboradores de pandillas identificados sin vínculo delictivo probado.
