El documento señala que buena parte de las mujeres salvadoreñas que trabajan durante décadas —en el mercado laboral formal, informal o en el hogar— llegan a la tercera edad sin la cobertura previsional que sí alcanzan, en promedio, más hombres. La razón, según el análisis, radica en que el sistema de pensiones mide la antigüedad y la densidad de cotizaciones sin considerar las salidas del mercado laboral que las mujeres asumen para cuidar a hijos, personas mayores o enfermos dentro del hogar.
El trabajo de cuidados no remunerado —atención a niños, adultos mayores, personas con discapacidad o enfermas dentro del hogar— recae mayoritariamente sobre las mujeres salvadoreñas, de acuerdo con el planteamiento del texto. Esa carga, al no generar cotizaciones al sistema previsional, se traduce en menor densidad de aportes a lo largo de la vida laboral y, en consecuencia, en pensiones más bajas o en la imposibilidad de cumplir los requisitos mínimos de semanas cotizadas.
El Salvador reformó su sistema de pensiones en 2017, cuando la Asamblea Legislativa aprobó cambios al modelo de capitalización individual administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y volvió a introducir ajustes posteriores orientados a mejorar las pensiones mínimas y la sostenibilidad del sistema. El análisis de Martínez sostiene que ninguna de esas reformas incorporó de forma estructural una perspectiva de género que compense las interrupciones laborales asociadas al trabajo de cuidados.
Durante la tramitación de la reforma de 2017, distintos sectores académicos y organizaciones de mujeres plantearon ante comisiones de la Asamblea Legislativa la necesidad de incorporar mecanismos de compensación para quienes interrumpen su vida laboral por tareas de cuidado, sin que esas propuestas se convirtieran en disposiciones específicas del decreto aprobado. El análisis retoma ese reclamo y lo vincula con la situación de las mujeres que, al llegar a la edad de retiro, dependen en mayor medida de pensiones no contributivas, del régimen de pensión mínima garantizada por el Estado o de la ausencia de cualquier ingreso previsional.
El planteamiento se inscribe en un debate que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha documentado en años recientes sobre la llamada economía del cuidado en la región, donde el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representaría una proporción significativa de la actividad económica si se contabilizara, sin que ello se traduzca en derechos previsionales para quienes lo realizan. El análisis añade que la persistencia del desempleo y de la informalidad laboral agrava la situación de las mujeres al dejarlas fuera de todo régimen contributivo durante buena parte de su vida económicamente activa.
Martínez describe ese resultado como una forma de desprotección estructural tras una vida de trabajo, en la que una vida laboral prolongada no se traduce en seguridad económica en la vejez. El texto plantea el reconocimiento del trabajo de cuidados como condición para corregir la brecha previsional entre hombres y mujeres en el país.
