El caso llegó al sistema interamericano después de que la justicia salvadoreña no esclareciera el homicidio de García Prieto, hijo de la activista de derechos humanos Gloria Giralt de García Prieto. La Corte IDH condenó al Estado salvadoreño en 2007 por la falta de una investigación diligente y por obstáculos en el acceso a la justicia atribuidos a distintas instancias estatales.
La sentencia de 2007 ordenó un conjunto de medidas de reparación que incluían, además de la investigación del crimen, acciones de satisfacción a la familia y garantías de no repetición. De las cinco medidas dictadas por el tribunal, cuatro fueron declaradas cumplidas, mientras que la obligación de investigar y sancionar a los responsables del homicidio quedó sin resolverse al momento del archivo.
El mecanismo de supervisión de cumplimiento de sentencias es el procedimiento mediante el cual la Corte IDH verifica, años después de un fallo, si los Estados condenados ejecutaron las órdenes dictadas. En el caso García Prieto, ese proceso se extendió desde la sentencia de 2007 hasta la resolución de archivo conocida ahora, casi dos décadas después del fallo original.
El archivo de un expediente en esta etapa no equivale a un pronunciamiento sobre la identidad de los responsables del crimen, que nunca fueron establecidos judicialmente en El Salvador. La resolución se limita a dar por cerrada la supervisión del cumplimiento de las medidas de reparación, no a declarar resuelto el homicidio ni a identificar autoría penal alguna.
El caso García Prieto se inscribe en una serie de litigios ante el sistema interamericano vinculados a la falta de investigación de crímenes ocurridos en El Salvador. La Corte IDH condenó al Estado salvadoreño en 2012 por las masacres de El Mozote, perpetradas por el Batallón Atlacatl en diciembre de 1981 durante el conflicto armado, con medidas de investigación que también quedaron pendientes de cumplimiento integral.
La familia García Prieto, a través de Gloria Giralt, mantuvo durante años un reclamo público por el esclarecimiento del homicidio ante instancias nacionales e internacionales, en un proceso que coincidió con cuestionamientos sobre la capacidad de la Fiscalía General de la República y el Órgano Judicial para resolver casos con presuntas conexiones a estructuras de poder.
El cierre de la supervisión se produce en un contexto en el que distintos organismos de derechos humanos han señalado también casos recientes de presuntas vulneraciones vinculadas al régimen de excepción vigente en el país, como el relatado en el testimonio presentado ante la Cidh sobre el entierro clandestino de un detenido.
