Erik Avilés Martínez, director fundador de Mexicanos Primero Michoacán, identificó 15 puntos críticos en la entidad, entre ellos la caída de la matrícula, el incumplimiento de metas de infraestructura, la falta de transparencia presupuestal y la ausencia de resultados que permitan saber cuántos estudiantes han regresado a las aulas. El especialista cuestionó que las autoridades presuman el número de becarios —795,717, según reportó el gobierno estatal la semana pasada— sin informar cuántos alumnos permanecieron en la escuela o avanzaron de nivel.
El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se presentó el 9 de noviembre de 2025, tras el asesinato del entonces alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. La estrategia contempla más de 100 acciones distribuidas en 12 ejes y una inversión superior a 57,000 mdp, con el objetivo declarado de frenar el reclutamiento criminal y ampliar las opciones educativas y laborales para niños y jóvenes.
Solo 7 mil de 50 mil lugares universitarios
A un año de la presentación del plan, los avances reportados distan de las metas originales. En educación superior, de los 50,000 nuevos lugares prometidos solo se han creado 7,000, equivalentes a 14% de la meta. En bachillerato, el rezago es similar: apenas 10,000 de los 30,000 espacios anunciados están disponibles, de acuerdo con el recuento de Mexicanos Primero.
Tampoco hay claridad sobre las obras comprometidas. De las 90 acciones anunciadas para el nivel medio superior, el gobierno estatal reporta tres de 10 nuevos planteles tecnológicos, seis de 20 ampliaciones y 14 escuelas Margarita Maza, sin precisar cuántos espacios están terminados y en condiciones de recibir estudiantes. Avilés también criticó que menos de 10% del presupuesto educativo estatal se destine a becas, cuyo monto promedio equivale a 40 pesos diarios por beneficiario, una cantidad que considera insuficiente para cubrir las necesidades escolares de los alumnos.
A esto se suma la incertidumbre sobre la continuidad de 833 escuelas de tiempo completo que atienden a 74,000 alumnos en el estado, un esquema cuya permanencia no está garantizada en el presupuesto estatal, según advirtió el director de la organización civil.
Quinto lugar nacional en desplazamiento
Michoacán ocupa el quinto lugar nacional en desplazamiento forzado, con 90,900 personas afectadas, de acuerdo con los datos citados por Avilés. El especialista advirtió que el reclutamiento criminal compite directamente con los apoyos escolares: las organizaciones delictivas ofrecen ingresos inmediatos que los programas de becas no igualan, lo que presiona a los adolescentes en comunidades donde la violencia ya ha debilitado el tejido educativo.
Fernando Ruiz, especialista en temas educativos, explicó que la violencia del crimen organizado amenaza directamente el derecho a la educación, pues el miedo, las amenazas y la inseguridad en los caminos afectan la asistencia y la permanencia escolar incluso en planteles que permanecen abiertos. Ruiz aclaró que la desvinculación escolar puede aumentar la vulnerabilidad de los adolescentes frente al reclutamiento, aunque abandonar los estudios no implica necesariamente incorporarse a un grupo delictivo.
Jimena Hernández, académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana, señaló que Michoacán presenta el mayor nivel de riesgo de desvinculación escolar en secundaria del país. La investigadora precisó que la caída de matrícula no debe confundirse automáticamente con abandono escolar, ya que también puede responder a desplazamiento forzado, cambios demográficos o traslados a otras modalidades educativas.
Hernández advirtió que las becas tienen un efecto limitado en comunidades afectadas por la violencia, donde los adolescentes no siempre pueden decidir libremente si continúan estudiando o se incorporan a actividades criminales, pues rechazar a estas organizaciones puede poner en riesgo al menor y a su familia. El desplazamiento forzado golpea a distintas entidades del país, como documentan las familias de 20 estados que buscarán desaparecidos en Guerrero sin apoyo del gobierno estatal.
Avilés Martínez exigió que el gobierno estatal publique los resultados de aprendizaje, las cifras de permanencia escolar y el gasto educativo ejercido por municipio, además de someter los compromisos del Plan Michoacán a una evaluación externa anual que permita conocer con precisión qué se ha cumplido y qué permanece pendiente a un año de su presentación.
