Al expresidente ecuatoriano que pasó veinte años en Panamá, la justicia de su país terminó por alcanzarlo no por los pecados que motivaron su fuga en 1997, sino por hechos nuevos cometidos ya de regreso en casa. La cronología ordena la historia: Bucaram vivió exiliado en territorio panameño hasta que, en 2017, prescribieron los delitos de corrupción por los que era requerido. No lo absolvió un tribunal; lo salvó el calendario. Y cuando el calendario dejó de perseguirlo, regresó a Guayaquil.
Según la investigación fiscal ecuatoriana, entre marzo y agosto de 2020 Bucaram colaboró con una estructura que comercializó pruebas de detección de covid-19 y otros insumos —mascarillas y lancetas para la toma de muestras— "sin facturas y sin pagar impuestos al Estado", en plena emergencia sanitaria. Los jueces aceptaron la teoría de la fiscal del caso, quien en mayo pasado había pedido condena contra los cuatro procesados por "colaborar con una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos".
La sentencia de este miércoles impuso nueve años y cuatro meses al expresidente y a su hijo Jacobo, ambos en calidad de colaboradores; trece años y cuatro meses al exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito Leandro Berrones; y dos años y ocho meses al ciudadano israelí Sheinman Oren, cuya pena se redujo porque colaboró con la justicia. El tribunal ordenó además que Bucaram y su hijo paguen una multa de unos $9,640. Otros dos exagentes de tránsito, que fueron escoltas de seguridad presidencial, ya habían sido sentenciados en este caso con penas reducidas tras aceptar los hechos imputados.
Que el reparto de las pruebas haya utilizado, según la fiscalía, a agentes de la oficina de tránsito de Quito y a exescoltas presidenciales apunta a cómo el aparato del Estado terminó prestando el vehículo para el fraude. De acuerdo con la investigación, dos israelíes —Oren y otro asesinado en 2020 en la Penitenciaría del Litoral, la prisión más poblada del país— movilizaban las pruebas bajo custodia de agentes de tránsito hacia la casa del exmandatario. Algunos implicados llegaron a fingir pertenecer al cuerpo diplomático y a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para moverse sin control.
La pandemia como coartada logística
La condena no cierra un capítulo de corrupción abstracta, sino el de una emergencia sanitaria que en toda América Latina abrió espacio al atajo administrativo. Mientras los sistemas de salud colapsaban, la fiscalía sostiene que se montó una logística paralela que comercializaba las pruebas en varias provincias sin dejar rastro fiscal. El contraste con el caso panameño es instructivo: aquí la Contraloría General revisó a posteriori numerosos contratos de emergencia firmados en 2020 porque el refrendo previo del contralor se había flexibilizado bajo el argumento de la premura, pero esa fiscalización dejó rastro documental. En Ecuador, la fiscalía tuvo que reconstruir la cadena porque la mercancía se movía, literalmente, sin papel.
Conviene no perder de vista la proporción entre la multa —unos $9,640 impuestos a Bucaram y su hijo— y la magnitud del daño a un sistema de salud pública que en 2020 no daba abasto. El debate sobre la desproporción entre la pena pecuniaria y el beneficio ilícito es conocido también en Panamá cada vez que el Ministerio Público cierra una causa de corrupción con una sanción que parece calderilla frente al perjuicio al erario.
El expresidente llegó a la lectura de la sentencia por videollamada, desde un hospital del norte de Guayaquil donde permanecía internado desde la semana pasada, con vigilancia policial a la espera del alta médica para ejecutar la detención. Las tres audiencias anteriores se habían declarado fallidas por sus problemas cardíacos: fue operado de emergencia e ingresó en cuidados intensivos los días de las convocatorias judiciales y, según sus abogados, no se había podido recuperar de la intervención. Ese vaivén entre la sala y la unidad de cuidados intensivos forma parte del expediente. Cuando el hospital autorizó la salida este miércoles, el tribunal fue notificado y le comunicó la decisión por videollamada.
Panamá tiene motivos para observar este caso con algo más que curiosidad geográfica. El país fue, durante dos décadas, el domicilio de un expresidente cuya salida de Ecuador en 1997 estuvo marcada por acusaciones de corrupción que nunca llegaron a sentencia firme por el simple paso del tiempo. La pregunta que la propia diplomacia regional podría plantearse, sin juicio alguno sobre la actuación de entonces, es qué mecanismos existen para que el asilo no opere, de facto, como un reloj de arena a favor del requerido.
La historia panameña no es ajena a estos dilemas. El país ha sido puerto de exiliados de distinto signo político a lo largo de su historia republicana, desde disidentes centroamericanos hasta figuras señaladas por corrupción en sus países de origen, y en cada caso el debate sobre asilo, extradición y prescripción ha exigido equilibrar el derecho a la protección con la obligación de que la justicia extranjera no quede en papel mojado. La diferencia con el caso Bucaram es que aquí el reloj corrió a su favor sin que mediara siquiera una negociación de extradición fallida: el tiempo hizo el trabajo.
Que la condena llegue casi seis años después de los hechos de 2020 y nueve desde que Bucaram regresara a suelo ecuatoriano dice algo sobre los tiempos de la justicia de la región cuando decide moverse. No es rapidez lo que caracteriza a este proceso, sino persistencia: la fiscalía sostuvo la teoría de la delincuencia organizada durante años, resistiendo suspensiones médicas, hasta obtener una sentencia que, aunque recurrible, marca un punto de inflexión en la trayectoria del exmandatario.
La defensa de Bucaram ha atribuido las ausencias reiteradas a sus dolencias cardíacas, argumento que el tribunal admitió durante las tres audiencias fallidas pero que no impidió, finalmente, la notificación de la condena. El expresidente conserva la vía de la impugnación, cauce ordinario del sistema penal ecuatoriano para revisar los fallos de instancia.
El desenlace inmediato —la ejecución de la detención en cuanto reciba el alta médica del hospital guayaquileño— quedará por confirmar en los próximos días, y con él la incógnita de si el expresidente pisará una celda o si la salud volverá a interponerse en el cumplimiento de la pena. Para cualquier país que sirva de refugio a fugitivos con causas pendientes, el caso ofrece una lectura sobria: la prescripción protege del pasado, pero no del futuro.