La prisa de Marchena no obedece a capricho procesal sino a un cálculo institucional que varias fuentes jurídicas describen con la misma frase: «El Supremo no quiere que la sentencia se convierta en un argumento electoral». El 17-M está a cinco días y tanto la Fiscalía como las defensas han evitado cuidadosamente vincular el calendario judicial con el electoral, pero la realidad es que un fallo posterior a las elecciones andaluzas pero anterior a cualquier hipotético debate de investidura otorgaría al tribunal el margen de independencia que necesita para que su resolución no sea leída en clave partidista.
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, transmitió a su equipo una valoración que resume la posición del Ministerio Público: «Satisfacción con el desarrollo del juicio». La Fiscalía mantiene íntegras las peticiones de condena — 24 años de prisión para José Luis Ábalos por cohecho, prevaricación, malversación y organización criminal; 19 años y medio para Koldo García por los mismos delitos excepto prevaricación; y 7 años para Víctor de Aldama, cuya colaboración con la justicia no se tradujo en una rebaja de la petición pese a las expectativas de su defensa—. Los informes finales de las acusaciones dibujaron un relato en el que Ábalos ocupaba la «cúspide de la pirámide» de una trama que habría desviado al menos 54 millones de euros en contratos de mascarillas durante la pandemia.
El silencio de Ábalos desde el cierre del juicio ha llamado la atención de la clase política y mediática. Fuentes cercanas a su defensa atribuyen el mutismo a una decisión estratégica: «Cualquier palabra suya ahora sería utilizada como munición electoral por todos los bandos, y eso perjudicaría su posición procesal ante la Sala». El dato revela la paradoja de un político que durante tres décadas vivió del micrófono y que ahora necesita el silencio como escudo.
La última declaración de Koldo García ante el tribunal dejó un momento que los cronistas judiciales no han dejado de analizar. El exasesor ministerial denunció que «un abogado del PP» le había ofrecido «colaborar mintiendo y engañando a todos los españoles» a cambio de beneficios procesales. La acusación, que el PP negó de manera inmediata calificándola de «delirante», añade una capa política a un juicio que ya estaba sobrecargado de implicaciones. Marchena ordenó que la denuncia constara en acta pero no abrió diligencia alguna, lo que los analistas interpretan como una señal de que la Sala no considera la acusación suficientemente fundada pero tampoco quiere ser acusada de silenciarla.
El primero, y más probable según las fuentes judiciales, es una condena sustancial a los tres acusados con penas que, aunque puedan ser inferiores a las solicitadas por la Fiscalía, confirmen la existencia de la trama y la participación de Ábalos en su vértice. El segundo escenario contempla una absolución parcial de alguno de los delitos menores — especialmente la organización criminal— que reduciría la pena total sin alterar el relato de fondo. El tercero, que las defensas consideran posible pero los fiscalistas descartan, sería una absolución general basada en insuficiencia probatoria.
El impacto político de la sentencia, sea cual sea su contenido, está ya descontado parcialmente por los mercados electorales. Las encuestas muestran que el caso Koldo ha erosionado al PSOE entre dos y cuatro puntos a nivel nacional y que el efecto en Andalucía es aún mayor, dado que Montero fue ministra de Hacienda durante el período investigado y su firma aparece en documentos presupuestarios vinculados a las partidas que financiaron los contratos cuestionados. La defensa de Montero siempre ha sostenido que la ministra no tuvo participación alguna en las adjudicaciones, pero la mera asociación narrativa ha bastado para dañar su campaña.
Marchena, que a sus 67 años afronta posiblemente la última gran sentencia de su carrera, es consciente de que el fallo será analizado no solo en términos jurídicos sino como un test de independencia del poder judicial español. La coincidencia temporal con el aniversario del discurso de Ábalos en la moción de censura contra Rajoy — aquel «España se merece un gobierno decente» que resonó en el hemiciclo en junio de 2018— añade una carga simbólica que ningún cronista dejará pasar.
Las próximas tres semanas serán de deliberación interna en la Sala Segunda. Los cinco magistrados que componen el tribunal han mantenido hasta ahora un hermetismo ejemplar, sin filtraciones ni señales que permitan anticipar el sentido del fallo. Lo que sí se sabe es que Marchena circulará el borrador entre sus compañeros antes del 25 de mayo y que la firma conjunta se producirá en los días siguientes, con publicación prevista para finales de mes o principios de junio. El caso Koldo, que nació como una investigación sobre mascarillas y creció hasta convertirse en el mayor escándalo de corrupción de la era Sánchez, se acerca a su resolución judicial con la misma intensidad con la que comenzó.
