Carrillo ya había adelantado que afrontaba el proceso con tranquilidad, aunque entonces no reveló la identidad de su equipo legal.
«Tenía unos abogados estupendos», declaró Alba Carrillo a Europa Press.
Según lo publicado, nada más recibir la querella del extenista comenzó a buscar un especialista en derecho al honor y la intimidad, y fue así como llegó hasta Bonacho, socio director del despacho Averum Abogados. El letrado se colegió en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y centró su práctica en el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, una especialidad que le ha llevado a representar a varios rostros conocidos del entretenimiento.
El caso se dirime por la presunta vulneración de derechos fundamentales recogidos en la Ley Orgánica 1/1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que permite reclamar una indemnización por daños cuando los tribunales aprecian una intromisión ilegítima. Esa misma vía es la que el propio Bonacho ya recorrió con éxito en otro asunto de alta exposición mediática.
El antecedente más relevante en su currículo es el litigio que enfrentó a Georgina Rodríguez y su hermana Ivana con su hermanastra, a raíz de unas declaraciones televisivas sobre la vida privada y el pasado familiar de ambas. La hermanastra sostuvo públicamente que no le habían entregado las cenizas de su padre y que tampoco le prestaban ayuda económica. La Justicia consideró estas manifestaciones una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad de las demandantes.
El procedimiento concluyó con una sentencia favorable a Georgina e Ivana Rodríguez que fijó una indemnización de 120.000 euros, un resultado en el que Bonacho tuvo un papel determinante como letrado de las demandantes. Ese desenlace es, según Informalia, lo que motivó a Carrillo a recurrir al mismo despacho ante la demanda de Feliciano López.
El abogado acumula además otros encargos de perfil mediático, entre ellos la defensa de Juls Janeiro frente a intromisiones en su intimidad emitidas en distintos programas de televisión, así como asesorías y reclamaciones para Raquel Bollo, Jesulín de Ubrique y María José Campanario.
La demanda de Feliciano López reclama 40.000 euros por declaraciones que, a su juicio, resultaron perjudiciales para su imagen y su reputación tras una separación de una pareja casada apenas once meses. Es una batalla judicial del mundo del entretenimiento que recuerda a otras llevadas a los tribunales, como la del celador imputado por acceder al historial de Amador, donde también se ventila la protección de la intimidad personal.