El informe, elaborado por un grupo de académicos, sindicalistas y miembros del Ejecutivo, no es vinculante, pero marca el suelo técnico sobre el que la ministra de Trabajo construirá la propuesta definitiva. Díaz ha incorporado la mayoría de años este paso previo, un dictamen de la comisión asesora, antes de llevar la cifra a la mesa del diálogo social. La patronal se ha negado a formar parte de esa comisión, lo que deja la recomendación en manos de miembros del Gobierno, universidades y centrales sindicales.
El Ejecutivo pretende aprobar la subida antes de las generales convocadas para el 29 de noviembre, un calendario que ha tensado la relación con los agentes sociales. La fijación del SMI es una competencia exclusiva del Gobierno, que no necesita el visto bueno del Parlamento: la ley solo exige "la consulta" previa a los sindicatos y patronales más representativos, es decir, la presentación de la propuesta de aumento, un trámite que no equivale a negociar un acuerdo vinculante.
Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, reclamaron a mediados de octubre una subida de "al menos un 7%", muy por encima del 4,9% que ahora recomiendan los expertos. La distancia entre ambas cifras —más de dos puntos porcentuales— anticipa un pulso en la mesa de negociación que se abrirá en las próximas semanas entre el Gobierno, las centrales y la CEOE, que piden recorridos muy diferentes para el suelo retributivo.
La patronal ha cuestionado no el porcentaje, sino el momento. La CEOE censura el calendario elegido para cerrar el proceso, en línea con los reproches sobre las "prisas" del ministerio que ha trasladado en anteriores ocasiones. Su crítica se centra en que la subida se tramite en plena campaña.
"Es increíble que el Gobierno use su poder para subir el SMI en periodo electoral", ha denunciado la patronal CEOE.
El 4,9% ligado a un IPC cerca del 5%
El 4,9% recomendado coincide aproximadamente con la evolución interanual del IPC, que según el último dato del Instituto Nacional de Estadística se sitúa cerca del 5%, impulsado por el encarecimiento de los carburantes. La fórmula busca que el salario mínimo no pierda poder adquisitivo frente a una inflación que ha vuelto a repuntar tras un periodo de moderación.
El SMI afecta de forma directa a 2,5 millones de trabajadores en España, según las cifras que maneja el propio Ministerio de Trabajo, lo que lo convierte en una de las variables con mayor impacto distributivo del país. En un contexto de precios al alza, cualquier desajuste entre la subida salarial y la inflación real se traduce en pérdida de capacidad de compra para ese colectivo, concentrado en empleos de baja cualificación, trabajo doméstico y sectores como la hostelería.
El aumento del salario mínimo ha sido una de las políticas insignia del Gobierno de coalición, con subidas acumuladas que contrastan con la práctica congelación del indicador durante buena parte del mandato de Mariano Rajoy, cuando el SMI apenas se movió durante varios ejercicios. Ese contraste histórico ha servido repetidamente al Ejecutivo como argumento político y explica en parte la insistencia en cerrar una nueva subida antes de los comicios.
El debate se enmarca además en la polémica abierta por las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la fiscalidad del salario mínimo. El Gobierno aseguró recientemente que, tras la subida prevista para 2027, el SMI seguirá sin tributar por el IRPF, un compromiso con el que busca neutralizar el argumento de que el aumento salarial se vería parcialmente absorbido por el fisco.
La negociación que ahora se abre llega cuando otros indicadores de consumo muestran debilidad: el comercio minorista cayó un 1,6% en septiembre, su peor dato interanual desde 2022, lo que añade presión sobre cómo sostener la capacidad adquisitiva de los hogares con menores ingresos sin desincentivar la contratación, el argumento tradicional de la patronal frente a subidas pronunciadas del SMI.
El texto de los expertos será trasladado ahora formalmente a sindicatos y patronal en el marco del diálogo social, donde se fijará la cifra definitiva que previsiblemente se aprobará por real decreto, como ha ocurrido en ejercicios anteriores bajo la gestión de Díaz al frente del ministerio.
Con la cita electoral del 29 de noviembre como horizonte, el Ejecutivo deberá decidir si asume la recomendación técnica del 4,9% o si se acerca a la reivindicación sindical del 7%, mientras la CEOE mantiene su rechazo público al calendario elegido para cerrar la subida.