El sistema de votación combina dos modalidades: el primer día, este miércoles, el voto se emite de forma telemática; el segundo, jueves, la consulta se celebra de manera presencial entre los trabajadores. Airbus ha querido blindar el proceso frente a las impugnaciones previas y ha anunciado que la jornada contará con auditores de todos los sindicatos que deseen participar y con la intervención de la consultora externa PwC para garantizar, en sus palabras, la máxima integridad del proceso.
El origen de la disputa se remonta a la negociación que el ministro de Industria, Jordi Hereu, mantuvo con Airbus y una parte de los sindicatos para intentar desbloquear la huelga que atenazaba la producción de la compañía. A ese encuentro no fueron convocados ni CGT ni ÚTIL, pese a que ambas organizaciones forman parte, junto a UGT, del comité de huelga constituido para gestionar el conflicto.
La ausencia de CGT y ÚTIL en la mesa desató la controversia. CGT sostuvo que Airbus y el Ministerio habían pactado el acuerdo al margen del comité de huelga, lo que a su juicio constituía una vulneración del derecho de huelga y una muestra de mala fe negociadora. El sindicato trasladó esa denuncia a la vía judicial y pidió a la Audiencia Nacional medidas cautelares para frenar la celebración del referéndum, que llegó a quedar suspendido de forma provisional mientras el tribunal estudiaba el caso.
La Audiencia Nacional rechaza las cautelares
La Audiencia Nacional terminó rechazando las medidas cautelares solicitadas por CGT, lo que despejó el camino para que Airbus convocara de nuevo la consulta en las fechas actuales. La resolución permite que el proceso de votación siga su curso sin prejuzgar el fondo del conflicto sobre si hubo o no vulneración del derecho de huelga, que se dirime en el litigio principal.
CGT, UGT y ÚTIL mantienen, pese a la celebración del referéndum, su campaña electoral y continúan cuestionando el acuerdo alcanzado entre Airbus y el Ministerio de Industria. Fuentes de la plantilla consultadas describen un ambiente marcado por la tensión en las últimas semanas, aunque coinciden en detectar una disposición favorable al pacto entre buena parte de los trabajadores.
"La gente es propensa a que esto acabe, es probable que gane el sí", según fuentes de la plantilla consultadas sobre el ambiente previo a la votación.
El contenido del acuerdo que se somete a votación articula la recuperación de poder adquisitivo en un 7,95% hasta 2029, mediante incrementos anuales del 2%, con la excepción del último ejercicio, en el que la subida se reduce al 1,95%. A este bloque se suma un 0,5% adicional reservado a las revisiones salariales individuales y otro 0,5% destinado a promociones profesionales internas, dos partidas que en la práctica elevan el margen de mejora retributiva por encima del porcentaje fijo pactado.
El pacto contempla también un pago único de 2.000 euros brutos, no consolidables, concebido como compensación por el denominado "Efecto Abril", una referencia a un episodio salarial previo que las organizaciones firmantes han querido resolver con esta cantidad adicional dentro del marco general del acuerdo.
En materia de organización del trabajo, el documento mantiene la política de teletrabajo vigente, con el modelo que permite hasta un 40% de jornada en remoto y la continuidad de los acuerdos individuales ya existentes, incluidos los que fijan dos días de teletrabajo semanal, extensibles también a las nuevas incorporaciones a la plantilla.
Dos semanas de vacaciones flexibles
Respecto al régimen de vacaciones, el acuerdo reduce de tres a dos las semanas de vacaciones obligatorias, mientras que amplía de una a dos las semanas de carácter flexible. La programación de estas últimas deberá pactarse entre cada trabajador y su supervisor directo, atendiendo tanto a las necesidades operativas de la empresa como a las circunstancias personales del empleado, según recoge el texto del pacto.
El conflicto se enmarca en un contexto de tensión salarial que ha recorrido buena parte de la industria española, alimentado por la escalada de precios: el Instituto Nacional de Estadística certificó que la inflación subió casi al 5% en septiembre, su nivel más alto desde comienzos de 2023, un dato que erosiona el poder adquisitivo que negociaciones plurianuales como la de Airbus intentan recomponer.
La vía judicial elegida por CGT no es inédita en las relaciones laborales españolas, donde los comités de huelga han recurrido a la Audiencia Nacional para dirimir conflictos sobre la legitimidad de negociaciones paralelas entre la dirección de una empresa y una parte de la representación sindical. La resolución en el caso Airbus se suma a esa práctica sin resolver, por el momento, el litigio de fondo sobre la actuación del Ministerio de Industria y la empresa.
La votación se prolonga hasta este jueves 1 de octubre entre la modalidad telemática y la presencial, y determinará si el acuerdo pactado entre Airbus y el Ministerio de Industria entra en vigor con el respaldo de la plantilla o si el conflicto laboral que ha marcado los últimos meses en la compañía continúa abierto pese al rechazo judicial a las cautelares de CGT.
