Empecemos por lo que funciona, porque conviene reconocerlo sin que suene a rendición: la generación solar española ha alcanzado cotas notables. Casi un tercio de la electricidad de este mes sale de placas fotovoltaicas. Es un dato que debería figurar en cualquier balance de política industrial, y probablemente figure, enmarcado, en más de un despacho oficial.
El problema es que la electricidad, a diferencia de los informes enmarcados, se paga. Y se paga cara. Un 84% más que hace un año no es una fluctuación estacional ni un redondeo: es una losa que aterriza en la cuenta corriente de cualquier familia que en agosto encienda el aire acondicionado. La paradoja no es sutil: más sol, más recibo.
La explicación técnica apunta al gas. España sigue dependiendo de las centrales de ciclo combinado para cubrir las horas en que el sol no da abasto —de noche, con nubes, en las puntas de demanda—, y el precio de esa energía fósil, fijado bajo el sistema marginalista europeo, arrastra al alza el precio final aunque la solar aporte cada vez más megavatios a la red. Bajo ese mecanismo, la última central que entra a cubrir la demanda, habitualmente una de gas, marca el precio para toda la energía vendida en esa hora. Es la pieza que reguladores y la propia Comisión Europea han señalado repetidamente como distorsión entre coste de producción y precio final.
Conviene no simplificar en la dirección contraria: la solar, por sí sola, no puede sostener un sistema eléctrico fiable las 24 horas sin almacenamiento masivo o respaldo de otras fuentes, y ese respaldo, hoy por hoy, tiene apellido fósil en buena parte de las horas críticas. El problema no es disponer de gas de reserva; el problema es que el diseño del mercado permite que el precio del gas se cuele en la factura de quien consume electricidad generada por el sol.
De las primas de 2008 al déficit de tarifa
España no ha inventado esta contradicción: lleva décadas tropezando con ella. En los años del boom fotovoltaico de finales de la década de 2000, cuando el país se convirtió en potencia mundial de instalación solar gracias a primas generosas, el sistema eléctrico acumuló un déficit de tarifa que tardó años en digerirse. Los recortes retroactivos a las renovables acabaron judicializados ante tribunales internacionales de arbitraje, con laudos condenatorios para el Estado. La lección de entonces —que generar mucho no equivale automáticamente a pagar poco— parece no haber calado del todo casi veinte años después.
La reforma del mercado eléctrico europeo, debatida en Bruselas en los últimos años, prometía suavizar el efecto marginalista acoplando mejor los contratos a largo plazo con las renovables. El resultado tangible, a la vista del recibo de agosto, no se nota todavía en el bolsillo del consumidor medio.
Los operadores del sistema y los reguladores energéticos defienden que la solución pasa por más almacenamiento —baterías, bombeo hidráulico— y por contratos bilaterales a largo plazo entre generadores renovables y grandes consumidores, los llamados PPA, que desacoplarían el precio de la volatilidad del gas. Las eléctricas, por su parte, sostienen que las inversiones necesarias requieren un marco regulatorio estable y rentabilidades previsibles. El argumento suena razonable, hasta que se recuerda quién termina pagando esa estabilidad.
El contador manda sobre el mix
El Gobierno exhibe los récords de renovables como prueba de que la transición avanza según lo previsto, y en términos de generación no le falta razón. Pero la ciudadanía no vive de porcentajes de mix energético: vive de lo que marca el contador. Y ahí la retórica del éxito verde choca con una factura que ha crecido un 84% interanual, un dato que cualquier oposición, sea cual sea su color, tiene motivos para esgrimir sin necesidad de alterar una sola cifra.
La comparación europea no permite a España presumir en exclusiva de sus males. Otros países del continente han sufrido tensiones similares ligadas a la dependencia del gas, especialmente desde que la invasión rusa de Ucrania en 2022 disparó los precios del gas natural y obligó a Europa a diversificar suministradores a toda prisa. España partía con cierta ventaja por su menor dependencia directa del gas ruso frente a otros socios comunitarios. Que, aun con esa ventaja relativa, el recibo se dispare un 84% en un año debería generar más preguntas incómodas de las que de momento se plantean en sede parlamentaria.
Queda por ver si la revisión de los mecanismos de contención del precio del gas pactados con Bruselas en 2022 logra amortiguar el golpe en los próximos meses, o si se convierte en otro parche que corrige síntomas sin tocar la raíz del diseño marginalista. Los consumidores, de momento, solo tienen una certeza: el sol brilla más que nunca sobre los tejados españoles y eso, paradójicamente, no ha rebajado ni un euro su factura.
