En el Tribunal Supremo, la Sala Segunda que preside Manuel Marchena ha comenzado las deliberaciones sobre el caso Koldo tras 14 jornadas de juicio oral que se extendieron desde el 7 de abril hasta el 6 de mayo. La Fiscalía Anticorrupción, encabezada por el teniente fiscal Alejandro Luzón, mantiene su petición de 24 años de prisión para el exministro José Luis Ábalos como cabecilla de la trama de comisiones en contratos de mascarillas durante la pandemia, 19,5 años para su exasesor Koldo García y 7 años para el comisionista Víctor de Aldama, aunque la acusación popular ha rebajado su petición para Aldama a 5 años y 2 meses.
El PP, a través de su portavoz parlamentario, ha exigido públicamente que el Supremo dicte sentencia antes del 17-M para que los votantes andaluces acudan a las urnas conociendo el veredicto sobre la mayor trama de corrupción vinculada al PSOE desde los ERE. La petición ha provocado una respuesta contundente del PSOE, que ha acusado al PP de ejercer «presión judicial inaceptable» y de pretender convertir al Tribunal Supremo en un instrumento electoral.
La Audiencia Nacional ha abierto un nuevo frente al incorporar las declaraciones que Aldama y Koldo García prestaron ante el Supremo a la investigación paralela sobre el amaño de obras públicas y la presunta financiación irregular del PSOE. La Fiscalía Anticorrupción considera que las confesiones parciales de ambos acusados durante el juicio aportan datos relevantes sobre los flujos de dinero entre los adjudicatarios de contratos públicos y las cuentas del partido. Esta incorporación abre la puerta a nuevas imputaciones que podrían afectar a dirigentes socialistas de segundo nivel que hasta ahora no habían sido investigados.
En la Audiencia Nacional, el juicio del caso Kitchen entra en su fase más delicada. El excomisar José Manuel Villarejo ha comunicado al tribunal que una operación quirúrgica urgente programada para el 11 de mayo podría obligarle a declarar desde su domicilio durante las sesiones del 14 al 19 de mayo, en las que están previstas las declaraciones de los once acusados. Villarejo, que se enfrenta a una pena de hasta 15 años por su papel en la supuesta trama de espionaje parapolicial contra Luis Bárcenas, asegura que la intervención es inevitable y que no podrá desplazarse al tribunal durante al menos una semana.
En la quinta semana de juicio, varios agentes policiales que participaron en los registros de las viviendas de Villarejo en 2017 han testificado que el excomisario estuvo presente durante las operaciones y siguió su desarrollo en todo momento, lo que contradice la versión de la defensa, que alegaba que los registros se realizaron sin las garantías procesales adecuadas. El abogado de Villarejo ha cuestionado la cadena de custodia de la documentación incautada, un argumento que será clave en la fase de conclusiones.
El tercer frente judicial afecta directamente a la familia del presidente del Gobierno. El exministro Antonio Camacho, abogado defensor de Begoña Gómez, ha presentado un recurso de reforma de 28 páginas contra la última resolución del juez Juan Carlos Peinado, en la que acusa al instructor de vulnerar el derecho a la defensa efectiva de su clienta. Camacho impugna una vez más la decisión de someter el caso a jurado popular y aporta como novedad un escrito complementario con correos electrónicos que, según la defensa, demuestran que Gómez no intervino en las adjudicaciones de la cátedra universitaria.
Peinado rechazó esta misma semana las alegaciones de la defensa que pedían el archivo de la causa, insistiendo en que Gómez «desvió recursos de la UCM y de empresas a intereses propios» y manteniendo los cuatro delitos que le imputa: tráfico de influencias, apropiación indebida, administración desleal y uso de información privilegiada. La Fiscalía mantiene su posición favorable al archivo, pero el juez ha desoído su criterio. La Audiencia Provincial de Madrid tendrá la última palabra sobre la cuestión del jurado popular en un plazo de dos semanas.
La acción judicial del juez contra medios de comunicación es inusual en la tradición jurídica española y ha sido criticada tanto por asociaciones de prensa como por juristas que la califican de «efecto disuasorio inaceptable» contra la libertad de información.
