El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, cerró su informe final con las mismas cifras que había sostenido desde la apertura del juicio oral: 24 años de prisión para José Luis Ábalos por delitos de cohecho, prevaricación, malversación y organización criminal; 19 años y medio para Koldo García Izaguirre por los mismos delitos excepto prevaricación; y 7 años para Víctor de Aldama, cuya colaboración con la justicia no se tradujo en la rebaja de petición que su defensa había negociado extraoficialmente antes del inicio de la vista. Luzón describió una estructura piramidal en la que Ábalos ocupaba el vértice, Koldo operaba como brazo ejecutor y Aldama funcionaba como intermediario con las empresas adjudicatarias de los contratos de mascarillas que, según la acusación, desviaron al menos 54 millones de euros de fondos públicos durante los meses más agudos de la pandemia.
Pero fue la última palabra de Ábalos la que proporcionó el momento más memorable del juicio. El exministro, que durante semanas había mantenido una defensa técnica y controlada, se transformó en su intervención final en un político herido que ajustaba cuentas simultáneamente con todos sus adversarios. Atacó a Luzón acusándolo de «construir un relato sobre suposiciones», al juez instructor García-Castellón por «filtrar información a la prensa antes que a las partes», a Aldama por «fabricar pruebas para comprar su libertad» y a los medios de comunicación por «participar en una cacería mediática sin precedentes». La intervención, que se prolongó durante 47 minutos sin interrupción, fue descrita por un letrado presente en la sala como «una comparecencia política disfrazada de defensa jurídica», un gesto desesperado de quien sabe que las posibilidades de absolución son estadísticamente remotas.
El contrapunto lo ofreció Koldo García, cuya declaración final incluyó una revelación que ha introducido una variable imprevista en el debate político. El exasesor ministerial denunció ante el tribunal que «un abogado del PP» le había contactado para ofrecerle «colaborar mintiendo y engañando a todos los españoles» a cambio de beneficios procesales no especificados. El PP rechazó la acusación de forma inmediata, calificándola de «delirio de un acusado que intenta salvar su pellejo arrastrando a quien no tiene nada que ver», pero la denuncia quedó registrada en acta por orden de Marchena, que decidió no abrir diligencias pero tampoco impedir que constara en el sumario.
Desde el punto de vista procesal, la sentencia afronta tres escenarios que los juristas consideran plausibles en grados muy distintos. La Sala podría absolver del delito de organización criminal, cuya tipicidad en este contexto ha sido cuestionada incluso por penalistas ajenos a las defensas, lo que reduciría la pena de Ábalos de 24 a aproximadamente 18 años sin alterar el relato narrativo de fondo. El segundo escenario, una absolución parcial más amplia que dejara en pie solo los delitos de cohecho y malversación, es considerado «posible pero improbable» dado el volumen de prueba documental presentada. El tercero, una absolución general, lo descartan tanto los fiscalistas como los penalistas independientes.
El calendario de la sentencia ha sido objeto de una negociación interna en la Sala que revela la conciencia del Supremo sobre el impacto político de cualquier fecha. Marchena circulará el borrador entre los cinco magistrados antes del 25 de mayo, con el objetivo de que la firma conjunta se produzca en los últimos días del mes o los primeros de junio. La decisión de posponer el fallo hasta después del 17-M no es casual: un pronunciamiento antes de las elecciones andaluzas habría sido interpretado como una interferencia judicial, mientras que uno inmediatamente posterior permite al tribunal invocar la separación de poderes sin que la coincidencia temporal genere suspicacias insalvables.
El impacto político de la sentencia, sea cual sea su contenido, está ya parcialmente descontado por los mercados electorales pero no por la opinión pública. Las encuestas muestran que el caso Koldo ha erosionado al PSOE entre dos y cuatro puntos a nivel nacional y que el efecto en Andalucía es aún mayor: Montero fue ministra de Hacienda durante el período investigado y su firma aparece en documentos presupuestarios vinculados a las partidas que financiaron los contratos cuestionados. La defensa de Montero ha sostenido siempre que no tuvo participación alguna en las adjudicaciones, pero la asociación narrativa ha bastado para convertir cada sesión del juicio en una resta de votos que el PSOE no puede permitirse a cuatro días de las urnas.
Para Sánchez, la sentencia del caso Koldo constituye la mayor prueba de fuego para su imagen pública desde la moción de censura contra Rajoy en 2018. Si Ábalos es condenado, el presidente deberá responder a la pregunta que lleva esquivando desde la imputación: ¿cómo es posible que el número dos del PSOE durante la pandemia operara una trama de corrupción sin que el líder del partido lo detectara? La respuesta, cualquiera que sea, tendrá consecuencias que se medirán no en ciclos de noticias sino en legislaturas. Si Ábalos es absuelto, el coste recaerá sobre la credibilidad del sistema judicial y, por extensión, sobre la Fiscalía Anticorrupción que apostó su prestigio institucional en una petición de 24 años que el tribunal habría considerado infundada.
Marchena, a sus 67 años, afronta posiblemente la última gran sentencia de su carrera. El magistrado que presidió el juicio del procés y que ha defendido durante décadas la independencia del poder judicial frente a presiones políticas de todos los signos sabe que el fallo del caso Koldo será escrutado con una intensidad comparable. La coincidencia temporal con el octavo aniversario de aquella frase de Ábalos en el Congreso — «España se merece un gobierno decente»— añade una carga simbólica que ningún cronista judicial dejará pasar cuando la sentencia se haga pública. Las próximas semanas serán de deliberación silenciosa en la Sala Segunda, pero el eco de lo que allí se decida resonará durante años en la vida política española.
