El comunicado, redactado con la aridez burocrática que el Supremo emplea cuando quiere que las palabras no añadan nada a los hechos, confirma lo que todas las fuentes jurídicas venían anticipando desde anoche: la unanimidad es total. Ninguno de los cuatro magistrados que componen la Sala Segunda junto a Marchena ha registrado una sola observación al borrador de 487 páginas que el ponente distribuyó ayer a las 20:45. El plazo formal de cuarenta y ocho horas para presentar discrepancias expira mañana a las 20:45, pero Marchena ha fijado la lectura para las 10:00, lo que indica que tiene la certeza absoluta de que no habrá votos particulares.
La unanimidad no es un dato menor: es la sentencia dentro de la sentencia. Cuando el Supremo condena por unanimidad a un exministro del Gobierno de España por malversación agravada, cohecho impropio continuado y prevaricación administrativa, está emitiendo un mensaje que trasciende el caso concreto. No hay fisuras interpretativas. No hay matices doctrinales. No hay magistrados que, desde un voto particular, pudieran ofrecer a la defensa un argumento para alimentar la narrativa de que el fallo es político. La unanimidad cierra todas las puertas retóricas y deja a los condenados con un único recurso: la impugnación procesal.
Y es exactamente ese recurso el que la defensa de José Luis Ábalos ha activado esta tarde con una celeridad que sugiere meses de preparación. A las 14:32, el abogado principal de Ábalos ha registrado en el Tribunal Constitucional un recurso de amparo de 87 páginas dividido en cinco bloques argumentales. El primero alega indefensión por la denegación de catorce pruebas testificales que la defensa solicitó durante el juicio, incluyendo la declaración de tres exministros y dos altos cargos de Hacienda. El segundo argumenta vulneración del derecho a un juez imparcial, señalando la participación de Marchena en la fase de instrucción. El tercero cuestiona la cadena de custodia de las pruebas documentales aportadas por la UCO. El cuarto denuncia dilaciones indebidas. Y el quinto, el más ambicioso jurídicamente, plantea una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 102 de la Constitución en relación con la aforación de exministros.
El Tribunal Constitucional ha acusado recibo del recurso a las 15:10 y ha emitido una nota interna — filtrada inmediatamente a los medios — en la que confirma que no resolverá sobre la admisión a trámite antes de la lectura del fallo. La decisión era previsible: el TC no puede ni quiere interferir en el calendario del Supremo, y cualquier medida cautelar suspensiva sería interpretada como una intromisión jurisdiccional sin precedentes. Pero el recurso ya ha cumplido su primera función: existir. Desde el momento en que el TC acusó recibo, la defensa de Ábalos puede argumentar ante la opinión pública que la sentencia no es firme y que el proceso constitucional está abierto.
Simultáneamente, desde otro despacho de Madrid, la defensa de Koldo García ha completado esta tarde un movimiento jurídico que añade una dimensión europea al caso. A las 16:45, los abogados de Koldo han presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo un escrito complementario de 34 páginas que amplía la demanda inicial presentada la semana pasada. Las nuevas alegaciones se centran en las dilaciones indebidas — el caso Koldo ha tardado más de tres años en llegar a juicio desde la primera denuncia — y en la presunta vulneración del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a un proceso equitativo. El TEDH no intervendrá antes de que se agoten las vías internas españolas, pero la demanda sienta las bases para una batalla jurídica que puede prolongarse durante años.
La Fiscalía, por su parte, ha reaccionado con la contundencia esperada. En un escrito presentado a las 17:30 ante el Supremo, el fiscal Alejandro Luzón se ha opuesto formalmente a cualquier medida cautelar que pudiera suspender la ejecución de la sentencia. El argumento de Luzón es tan sencillo como demoledor: las penas no son susceptibles de suspensión cautelar cuando existe riesgo de fuga, y un exministro condenado a veinticuatro años de prisión tiene, por definición, incentivos para no comparecer. El escrito añade un dato que ha pasado desapercibido en el torbellino informativo pero que puede ser decisivo: la Fiscalía pide al Supremo que retire los pasaportes de los tres condenados como medida de aseguramiento, algo que solo puede hacerse una vez que la sentencia sea leída.
En los aledaños del Supremo, la plaza de la Villa de París ha empezado a llenarse de cámaras, cables y equipos de transmisión. Las principales cadenas de televisión han reservado posiciones para sus unidades móviles desde primera hora de la mañana, y los corresponsales extranjeros — Reuters, BBC, Le Monde, FAZ, Corriere — han confirmado presencia para mañana. La cobertura internacional del caso Koldo ha crecido exponencialmente en las últimas semanas, en parte porque la cifra de veinticuatro años de prisión para un exministro es una de las condenas más severas que un tribunal democrático europeo ha impuesto a un cargo político en activo en el siglo XXI.
Dentro del Supremo, la actividad de esta tarde ha sido la propia de la calma que precede al terremoto. Los funcionarios del gabinete de prensa han ultimado el protocolo de distribución del fallo: la sentencia se enviará por correo electrónico cifrado a los medios acreditados en el momento exacto en que Marchena comience la lectura oral, y se publicará simultáneamente en la web del Poder Judicial. Los ujieres han verificado la disposición de la Sala de Plenos, que mañana albergará a los tres acusados, sus abogados, la Fiscalía, los abogados del Estado y un número limitado de periodistas. No se admitirán cámaras ni dispositivos de grabación: la lectura será retransmitida por la señal institucional del Supremo.
A las seis y media de esta tarde, mientras Marchena revisaba por última vez las 487 páginas del documento que leerá mañana, Ábalos cenaba solo en su domicilio de Madrid. Koldo García permanecía en su piso de Vitoria con su abogado. Aldama se encontraba en libertad provisional en su residencia de las afueras de Madrid, con una pulsera telemática que registra cada uno de sus movimientos. Tres hombres, tres destinos, una sentencia. Quedan quince horas y treinta minutos para que el Supremo pronuncie las palabras que cambiarán sus vidas y, con ellas, un capítulo de la historia del PSOE que nadie en el partido quiere reconocer como propio pero que todos saben que les pertenece.
