La novena jornada del juicio por el caso Koldo en el Tribunal Supremo dejó el martes un escenario de prueba pericial en bloque que refuerza la acusación: la Unidad Central de Criminalística de la Guardia Civil confirmó que las grabaciones de audio atribuidas al exasesor del exministro José Luis Ábalos no presentan manipulación alguna, abarcan un periodo de cuatro años y mantienen su integridad técnica. En paralelo, los peritos ratificaron la autoría caligráfica de documentos clave y se debatió una tasación inmobiliaria cuyo valor generó controversia entre las partes. La defensa de Koldo respondió introduciendo documentación financiera interna del PSOE, y el excomisario Víctor de Aldama, figura central de la trama, tiene fijada su declaración para el próximo 29 de abril.
Por qué importa la pericia sobre los audios
La validez técnica de las grabaciones es un eje vertebral del procedimiento. En juicios de corrupción, la cadena de custodia y la integridad de los archivos de audio constituyen requisitos procesales cuyo incumplimiento puede determinar su exclusión como prueba. Que la Criminalística de la Guardia Civil —órgano con reconocimiento judicial como perito oficial— haya certificado que cuatro años de grabaciones permanecen intactas cierra, al menos en sede pericial, la vía impugnativa que la defensa había explorado sobre la fiabilidad del material sonoro. La acusación consolida así uno de sus pilares probatorios en la fase oral del juicio.
La defensa y los documentos del PSOE
Frente a la ofensiva pericial de la acusación, la defensa de Koldo optó por una estrategia de contextualización financiera: introdujo en la sala documentación que, según indicó, acredita movimientos o vínculos económicos del PSOE relacionados con el marco del caso. El alcance jurídico de esta documentación —su pertinencia, su licitud probatoria y su capacidad para alterar el relato de cargo— queda en manos del tribunal, pero su incorporación al debate señala que la defensa busca ampliar el foco más allá de los actos individuales de su patrocinado y situar la controversia en un terreno de responsabilidad política o institucional más amplia.
La tasación inmobiliaria, en disputa
Una tasación de bienes inmuebles vinculada a la causa generó tensión en la sala durante la jornada. Los términos exactos de la discrepancia —qué inmueble, qué valoración y qué consecuencias tiene para el cálculo del eventual enriquecimiento ilícito o del daño patrimonial— no quedaron cerrados en la sesión. Las tasaciones periciales inmobiliarias son habituales en piezas de corrupción cuando se investiga si activos fueron adquiridos a precios artificialmente bajos o si constituyeron el vehículo de transferencias patrimoniales irregulares; su impugnación es igualmente frecuente y suele resolverse mediante peritos de contraste designados por el propio tribunal.
La autoría caligráfica, ratificada
La confirmación pericial de la autoría caligráfica de documentos relevantes para la causa añade otra capa de sustento a la acusación. La grafística forense —disciplina con protocolos normalizados en el ámbito judicial español— permite atribuir con un grado técnico de certeza la autoría manuscrita de firmas y textos. Su ratificación en juicio oral, sometida a contradicción entre partes, otorga a esos documentos el estatus de prueba practicada con todas las garantías procesales.
Aldama, el 29 de abril
El dato con mayor proyección sobre el desarrollo inmediato del juicio es la fecha fijada para la declaración de Víctor de Aldama: el 29 de abril. Aldama, presentado por las acusaciones como comisario de la trama que habría intermediado en contratos públicos durante la pandemia a cambio de comisiones, ha sido descrito en sede judicial y en la instrucción como un testigo de cargo de potencial devastador para varios de los encausados. Su comparecencia como declarante —con la consiguiente posibilidad de interrogatorio por todas las partes— se perfila como uno de los momentos de mayor tensión del procedimiento.
Contexto: el caso Koldo y su alcance
El caso Koldo, cuya instrucción fue asumida por el Tribunal Supremo por la condición de aforado de alguno de los investigados, investiga una presunta trama de corrupción articulada en torno a la compra de mascarillas por comunidades autónomas durante la crisis sanitaria de 2020. La pieza principal señala a Koldo García Izaguirre, entonces asesor del Ministerio de Transportes, como presunto intermediario entre empresas adjudicatarias y cargos públicos. El procedimiento ha incorporado a lo largo de su vida judicial a imputados de distinto rango y filiación, convirtiéndose en uno de los procesos penales de mayor seguimiento político de la legislatura.
Prospectiva: la declaración que puede reordenar el juicio
Con las pericias de la novena jornada prácticamente cerradas en favor de la acusación, el foco del juicio se desplaza ahora hacia la prueba testifical. La declaración de Aldama el 29 de abril —si se produce en los términos anticipados por las acusaciones— podría redefinir la estrategia de todas las defensas y obligar al tribunal a valorar un relato de primera mano sobre el funcionamiento interno de la supuesta trama. Hasta entonces, la defensa de Koldo mantendrá abierta su línea de impugnación documental, y el resto de encausados aguardarán una sesión que, según las propias partes, podría ser determinante para el desenlace del juicio oral.
