La mañana de este lunes en el Tribunal Supremo tiene la textura de esos momentos históricos que solo se reconocen como tales cuando ya han pasado, pero que quienes los viven desde dentro perciben como una alteración casi física del ritmo del tiempo. Los funcionarios de la Sala Segunda, que normalmente llegan entre las 08:30 y las 09:00, han adelantado hoy su entrada a las 07:30 siguiendo una instrucción del secretario judicial que ayer domingo envió un correo electrónico a todo el personal adscrito al tribunal pidiendo puntualidad extraordinaria para los días 26 y 27 de mayo. El correo, cuyo contenido ha sido confirmado a este periódico por dos funcionarios que prefieren mantener el anonimato, incluye indicaciones logísticas sobre la disposición de la sala para la lectura de la sentencia: se habilitarán 48 asientos para periodistas acreditados — el doble de la capacidad habitual —, se instalarán cuatro cámaras de televisión en posiciones fijas acordadas con los servicios informativos de TVE, Antena 3, Telecinco y La Sexta, y se dispondrá una mesa auxiliar para los taquígrafos que transcribirán en tiempo real la lectura que Marchena realizará desde el estrado presidencial de la sala. Las fuentes judiciales añaden un detalle que revela la magnitud del acontecimiento: se ha solicitado a la Policía Nacional la presencia de un dispositivo de seguridad reforzado en el exterior del Palacio de las Salesas que incluirá controles de acceso con arco detector de metales, registro de bolsos y mochilas, y un perímetro de seguridad que impedirá el acceso de manifestantes a la plaza de la Villa de París.
Marchena, cuya meticulosidad es legendaria entre los abogados que litigan ante el Supremo, ha dedicado las últimas 72 horas a una revisión final del borrador que, según las fuentes, ha producido modificaciones menores de redacción pero ningún cambio sustancial en los fundamentos jurídicos ni en la parte dispositiva de la sentencia. Las 312 páginas están organizadas en los seis bloques que este periódico detalló en su edición nocturna de ayer — hechos probados, fundamentos jurídicos, valoración de la prueba, circunstancias modificativas, responsabilidad civil y costas —, y los cinco magistrados de la Sala Segunda que firmarán el fallo han expresado su conformidad con el borrador definitivo sin emitir votos particulares, un dato que la Fiscalía interpreta como señal de una sentencia especialmente sólida desde el punto de vista procesal: la unanimidad elimina la posibilidad de que las defensas invoquen en casación la existencia de criterios discrepantes dentro del tribunal. Los magistrados que acompañan a Marchena en la ponencia son Ana Ferrer, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Vicente Magro, una composición que los analistas jurídicos describen como «el quinteto más duro de la Sala Segunda», un grupo que en los últimos cinco años ha dictado las sentencias más severas del tribunal en materia de corrupción pública.
La decisión de la defensa de Víctor de Aldama de no recurrir la sentencia, comunicada esta mañana a las 07:00 por su abogado José Antonio Caballero mediante un escrito de dos páginas registrado en la secretaría del tribunal, confirma lo que las fuentes jurídicas venían anticipando desde hace semanas: Aldama ha alcanzado un acuerdo no formalizado con la Fiscalía por el que, a cambio de sus declaraciones inculpatorias contra Ábalos y Koldo durante la fase de juicio oral, su condena se situará en el rango inferior de la petición fiscal — alrededor de 5 años de prisión frente a los 7 solicitados —, con la posibilidad de acceder al tercer grado penitenciario tras cumplir un tercio de la pena efectiva. El acuerdo, que la Fiscalía niega formalmente pero que tres fuentes independientes confirman a este periódico, incluiría además la no oposición del Ministerio Público a que Aldama cumpla la pena en régimen de semilibertad desde el primer día, una concesión que los abogados de Ábalos han denunciado durante todo el juicio como una vulneración del principio de igualdad de armas. La renuncia de Aldama a recurrir tiene una consecuencia procesal inmediata: su condena será firme desde el momento de la lectura de la sentencia, lo que significa que, teóricamente, podría ingresar en prisión esta misma semana, aunque las fuentes judiciales anticipan que la ejecución de la pena se demorará al menos dos semanas mientras se tramita la clasificación penitenciaria.
En la calle Hermosilla número 17, José Luis Ábalos ha vivido esta mañana una rutina que sus vecinos describen como la de un hombre que espera una ejecución: la portera del edificio, que ha hablado brevemente con dos periodistas apostados en la acera a las 07:00, ha confirmado que el exministro no ha salido de su piso desde el sábado por la tarde y que la única persona que ha accedido al domicilio es su abogado, José Antonio Choclán, que llegó ayer domingo a las 11:00 y permaneció cinco horas con su cliente repasando la copia del borrador de la sentencia que le fue entregada por un conducto que las fuentes judiciales declinan especificar pero que los periodistas especializados en información judicial identifican con la costumbre no escrita del Supremo de facilitar a las defensas una lectura anticipada del fallo para evitar que la sorpresa en sala provoque reacciones que alteren el protocolo de la lectura. Ábalos, según las fuentes que mantienen contacto con su entorno familiar, ha pasado las últimas 48 horas alternando periodos de lectura del borrador con llamadas telefónicas a un círculo reducido de personas — su exmujer, su hijo mayor, dos amigos de la infancia en Valencia y un excompañero del Congreso cuyo nombre las fuentes no revelan — a las que ha transmitido una mezcla de resignación y combatividad que quienes lo conocen interpretan como el estado de ánimo propio de alguien que sabe que va a ser condenado pero que no ha renunciado a la batalla legal posterior.
El gabinete de crisis del PSOE, que funciona desde las 07:00 en la tercera planta de la sede de Ferraz bajo la coordinación de Pilar Alegría y Félix Bolaños, ha actualizado esta mañana los tres escenarios de respuesta que preparó anoche en función de la severidad de la sentencia. El escenario A — condena limitada a los acusados sin mención a la financiación del partido — sigue siendo el menos probable según la información de que dispone el gabinete, pero es el único que permitiría al PSOE tratar la sentencia como un asunto judicial individual sin implicaciones orgánicas. El escenario B — condena con referencias a la financiación del PSOE pero sin apertura de pieza separada — es el que el gabinete considera más probable y para el que ha preparado una respuesta en dos fases: una primera declaración institucional de Sánchez a las 13:00 de mañana martes, inmediatamente después de la lectura, en la que el presidente se desvinculará de los hechos probados y anunciará una auditoría interna voluntaria del partido; y una segunda fase de gestión mediática con entrevistas coordinadas de dirigentes del PSOE en los principales medios de comunicación a lo largo de la tarde del martes. El escenario C — apertura de pieza separada sobre financiación — es el más temido y el que ha requerido una preparación más elaborada: en este caso, Sánchez convocaría una comparecencia extraordinaria en la que anunciaría la suspensión cautelar de todos los cargos orgánicos mencionados en la sentencia y la constitución de una comisión de investigación interna presidida por un jurista independiente, una medida que Bolaños denomina «cortafuegos institucional» y que está diseñada para separar la responsabilidad del partido de la responsabilidad de los individuos condenados.
La comunidad jurídica vive este lunes de vigilia con una intensidad que se manifiesta en la proliferación de artículos de opinión, hilos en redes sociales y tertulias televisivas que anticipan, analizan y especulan sobre el contenido de una sentencia que, formalmente, nadie excepto los magistrados y las defensas debería conocer. El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, Miguel Polaino-Orts, ha publicado a las 06:30 un artículo en otro medio en el que argumenta que la calificación de organización criminal aplicada a Ábalos, Koldo y Aldama es jurídicamente impecable porque los tres acusados actuaron de forma coordinada y estable durante un periodo superior a dos años con el propósito de obtener beneficios económicos ilícitos mediante la instrumentalización de las instituciones públicas, una definición que encaja literalmente en el artículo 570 bis del Código Penal reformado en 2010. En el polo opuesto, la catedrática de la Universidad de Barcelona Mercedes García Arán ha publicado un hilo de ocho tuits en el que sostiene que la figura de la organización criminal está pensada para redes de narcotráfico y terrorismo, no para casos de corrupción institucional donde los implicados son personas con cargos públicos que actúan desde dentro de la administración, y que su aplicación al caso Koldo constituye una extensión analógica del tipo penal que vulnera el principio de legalidad. El debate, que podría parecer académico, tiene consecuencias prácticas directas: si Marchena ha acogido la tesis de la organización criminal, las penas se sitúan en el rango superior de las peticiones fiscales y el recurso ante el Constitucional tendrá un argumento procesal sólido; si ha optado por los tipos de cohecho y malversación sin organización criminal, las penas serán menores pero la sentencia será procesalmente más robusta y más difícil de recurrir.
La dimensión política de la sentencia, que esta mañana contamina cada conversación y cada titular con la certeza de que mañana a las 10:00 la política española habrá cambiado para siempre, se mide en la capacidad de un fallo judicial para alterar el equilibrio de fuerzas de un sistema político que ya está sometido a tensiones que ningún constitucionalista habría anticipado hace apenas un año. Si la sentencia incluye referencias a la financiación del PSOE — el escenario B o C de Ferraz —, la crisis orgánica del partido se transformará en una crisis de legitimidad que hará imposible que Sánchez resista la presión de los barones sin convocar el congreso que exige el comunicado de Toledo. Si la sentencia se limita a condenar a los individuos sin implicar al partido — el escenario A —, Sánchez ganará un respiro temporal pero pagará el precio de una sentencia que, por condenatoria, confirmará que un ministro de su gobierno participó en una trama de corrupción durante una pandemia que mató a más de 120. 000 españoles. En cualquiera de los escenarios, la sentencia del caso Koldo será un antes y un después en la historia del PSOE, un partido que ha gobernado España durante más de la mitad de los años transcurridos desde la Transición y que mañana a las 10:00 recibirá un veredicto judicial sobre una de las etapas más oscuras de su gestión del poder.
A las 08:30 de esta mañana de lunes, mientras Marchena repasa por última vez las 312 páginas en su despacho del Supremo y Ábalos permanece encerrado en su piso de la calle Hermosilla con las persianas bajadas y el teléfono apagado, la España política contiene la respiración con la conciencia de que las próximas 24 horas determinarán no solo el destino judicial de tres hombres sino el destino político de un partido, de un presidente y, en última instancia, de un modelo de gobernanza que ha alternado entre dos grandes formaciones durante cuatro décadas y que esta semana podría descubrir que una de las dos patas del bipartidismo se ha roto de forma irreparable. Los abogados de Ábalos preparan sus recursos con la meticulosidad de quien sabe que pierde la primera batalla pero confía en ganar la guerra en el Constitucional. Los abogados de Aldama preparan su ingreso en prisión con la resignación de quien ha cambiado la cárcel por la colaboración y sabe que el precio de la libertad es vivir con la etiqueta del delator. Y los ciudadanos españoles, ajenos en su mayoría a los tecnicismos jurídicos y a las maniobras orgánicas, preparan un martes en el que, entre el café de la mañana y la tertulia televisiva de la noche, descubrirán si el caso Koldo es solo un escándalo de mascarillas o la punta de un iceberg que lleva años flotando debajo de la línea de flotación de la democracia española.
