Dos peritos de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional reconocieron ante el tribunal que instruye el caso Tándem que solo el 60% de los archivos incautados al excomisario José Manuel Villarejo durante los registros practicados en 2017 ha sido descifrado hasta la fecha, lo que deja sin analizar una parte significativa del material intervenido. Los agentes añadieron que el Centro Criptológico Nacional (CCN), organismo dependiente del Centro Nacional de Inteligencia, colaboró en las labores de descifrado, mientras la defensa del excomisario aprovechó la sesión para cuestionar la legalidad y la cadena de custodia de aquellas diligencias de entrada y registro.
Por qué importa el porcentaje sin descifrar
El dato cobra relevancia procesal porque los archivos encriptados incautados a Villarejo constituyen uno de los pilares sobre los que la acusación construye su relato de una red de servicios de inteligencia privada, presuntamente ilegal, que el excomisario habría operado durante décadas. Si el 40% restante permanece inaccesible, cualquiera de las partes —acusación o defensa— puede argumentar que el cuadro probatorio está incompleto, lo que podría afectar tanto a la solidez de los cargos como a eventuales recursos contra la sentencia.
La participación del Centro Criptológico Nacional
El CCN es la entidad pública española responsable de la seguridad de los sistemas de información del Estado y de la respuesta ante incidentes criptológicos. Su intervención en una causa penal ordinaria —a petición judicial— es infrecuente pero no inédita en casos de extrema complejidad técnica. Los peritos policiales no concretaron, según el material disponible, qué tipo de cifrado protegía los archivos ni cuántos de ellos permanecen bloqueados en términos absolutos, datos que la defensa podría reclamar para evaluar la proporcionalidad de la medida.
La defensa impugna los registros de 2017
Los abogados de Villarejo centraron su intervención en cuestionar la validez de las entradas y registros realizados en noviembre de 2017, operación policial que desencadenó el arresto del excomisario y el inicio formal del caso Tándem. La impugnación de un registro policial es una vía de defensa habitual en el proceso penal español: si el tribunal aprecia vulneración de derechos fundamentales —inviolabilidad del domicilio, artículo 18.2 de la Constitución— las pruebas obtenidas pueden ser declaradas nulas en virtud de la doctrina del fruto del árbol envenenado, recogida en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La defensa no obtuvo, según lo disponible, ningún pronunciamiento judicial sobre este extremo en la sesión referida.
El horizonte de los audios
El tribunal se aproxima a la fase de audición de grabaciones sonoras, presumiblemente las conversaciones registradas por el propio Villarejo, cuya existencia y contenido han sido centrales en la investigación. Esta etapa suele ser la más extensa y políticamente sensible de los juicios en los que existen archivos de audio, porque las conversaciones pueden implicar a terceras personas —políticos, empresarios, funcionarios— que no son parte en el proceso pero cuya aparición puede tener consecuencias públicas y judiciales derivadas.
Contexto: la magnitud documental del caso
El caso Tándem es uno de los procesos penales con mayor volumen de material digital de la historia judicial española reciente. La investigación se abrió tras la detención de Villarejo, excomisario con rango de inspector jefe y medallas al mérito policial, acusado de integrar o dirigir una organización criminal dedicada al espionaje, el cohecho y la revelación de secretos, entre otros delitos. Desde su inicio, la gestión del ingente volumen de archivos —discos duros, teléfonos, memorias externas— ha generado incidencias técnicas y procesales recurrentes que han dilatado el avance del juicio oral.
Posición de las partes
La acusación sostiene que el material ya descifrado es suficiente para acreditar los hechos imputados y que los peritos han actuado con los medios técnicos disponibles. La defensa, por su parte, utiliza el porcentaje sin descifrar como argumento de insuficiencia probatoria y como palanca para cuestionar la integridad del proceso de intervención. Villarejo ha negado sistemáticamente los cargos que se le imputan. El excomisario no ha efectuado, según el material disponible, declaraciones públicas específicas sobre la sesión pericial aquí reseñada.
Próximos pasos
La inminente fase de audición de grabaciones marcará el ritmo del procedimiento en los próximos meses. La resolución sobre la validez de los registros de 2017 —si el tribunal decide pronunciarse— y el eventual acceso al 40% de archivos aún cifrados son las dos variables técnicas con mayor capacidad de alterar el desarrollo del juicio. Cualquier decisión adversa a la acusación en materia de nulidad obligaría a replantear el acervo probatorio disponible.
