La posibilidad de que Irán amplíe su respuesta militar más allá de Oriente Próximo constituiría un salto cualitativo en un conflicto que hasta ahora se ha mantenido dentro de la región. Bulgaria y Chipre, ambos miembros de la Unión Europea, no han sido escenario de hostilidades vinculadas a la crisis, pero su papel como plataformas logísticas para las operaciones estadounidenses en la zona los habría situado británico, en los cálculos de Teherán.
El origen inmediato de la disputa se remonta al 22 de julio, cuando el Parlamento búlgaro autorizó el despliegue temporal en la base aérea de Bezmer, en el sureste del país, de hasta ocho aviones de reabastecimiento KC-135, sus tripulaciones —un máximo de 250 militares— y el equipamiento aeroportuario necesario. La resolución parlamentaria, vigente entre el 24 de julio y el 1 de octubre de 2026, justificó el despliegue como apoyo a las operaciones estadounidenses en Oriente Próximo, sin especificar una misión de combate directa.
La decisión del legislativo búlgaro no fue improvisada. Días antes, el Ministerio de Exteriores del país confirmó haber recibido una nota diplomática de la Embajada de Irán en Sofía en la que se expresaba preocupación por el eventual despliegue de los aviones estadounidenses. Bulgaria respondió entonces que no incurría en ninguna acción hostil contra Irán y que desde su territorio no se ejecutarían operaciones militares en Oriente Próximo, una distinción que las autoridades búlgaras han mantenido como línea argumental central.
Tras la autorización parlamentaria, Araqchi pidió el 30 de julio a las autoridades búlgaras que revirtieran su decisión. Según recogieron medios estatales iraníes citados por la agencia Reuters, el ministro sostuvo que permitir ese despliegue equivalía a facilitar una agresión contra Irán. El mismo día trasladó a Chipre la preocupación de Teherán por el uso de bases extranjeras en la isla mediterránea, ampliando así la presión diplomática a un segundo Estado europeo.
El primer ministro búlgaro, Rumen Radev, respondió negando que los aviones desplegados en Bezmer estuvieran destinados a misiones de combate. Con esa matización, Sofía busca deslindar la función de reabastecimiento aéreo de una participación activa en operaciones ofensivas, una distinción que en el derecho internacional de los conflictos armados no siempre exime a un territorio de ser considerado parte beligerante si se demuestra un uso militar sustancial. Chipre, por su parte, alberga las bases británicas soberanas de Akrotiri y Dhekelia, un vestigio del proceso de independencia de 1960 que Londres mantiene bajo tratado internacional y que en distintas crisis de Oriente Próximo han servido de apoyo logístico para operaciones occidentales.
Un precedente sin equivalente en territorio europeo
La posición geográfica de ambos países explica su relevancia estratégica. Bulgaria, miembro de la OTAN desde 2004, ofrece acceso al mar Negro y una posición de flanco oriental de la Alianza Atlántica; Chipre, que no forma parte de la OTAN, se sitúa a poca distancia de las costas de Siria y Líbano, lo que lo ha convertido históricamente en un nodo logístico para potencias occidentales en crisis regionales.
El antecedente más próximo de una escalada iraní fuera de sus fronteras inmediatas se remonta a enero de 2020, cuando Teherán respondió al asesinato del general Qasem Soleimani con el lanzamiento de misiles contra bases estadounidenses en Irak. Aquel episodio se mantuvo dentro del teatro de Oriente Próximo; una acción contra territorio europeo supondría, de materializarse, un precedente sin equivalente directo en las últimas décadas de tensión entre ambos países.
Desde el punto de vista del marco jurídico, un ataque contra bases en territorio de un Estado miembro de la Unión Europea activaría la cláusula de asistencia mutua prevista en el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, que obliga a los socios a prestar ayuda por todos los medios a su alcance en caso de agresión armada contra uno de ellos. En el caso de Bulgaria, su pertenencia a la OTAN abriría además el debate sobre la aplicación del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, cuya activación exige una valoración colectiva de los aliados sobre la naturaleza del ataque.
El trasfondo de la tensión se inserta en el deterioro sostenido de las relaciones entre Washington y Teherán desde la retirada estadounidense, en 2018, del acuerdo nuclear de 2015 (JCPOA), suscrito bajo la Administración Obama con Irán, la UE, Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y China. La ausencia de ese marco multilateral ha dejado sin cauce diplomático estable buena parte de las disputas actuales, incluida la relativa al uso de infraestructuras militares en terceros países.
Ni el Gobierno de Estados Unidos ni el iraní se han pronunciado oficialmente sobre la información publicada por el Financial Times, y no consta una declaración de Teherán que confirme un plan concreto contra objetivos en Bulgaria o Chipre. La evaluación descrita permanecería, según las fuentes citadas por el diario, en fase de estudio y condicionada a decisiones que Washington aún no ha adoptado.
La atención se centrará en si Estados Unidos modifica su posición militar en la región en las próximas semanas, factor que Teherán vincularía a una eventual respuesta en suelo europeo. La autorización búlgara para el despliegue en Bezmer expira el 1 de octubre de 2026, una fecha que marca también un horizonte relevante para calibrar si la tensión diplomática con Sofía y Nicosia se mantiene, se diluye o escala.
