El Consejo de Ministros aprobó a principios de septiembre un real decreto-ley de medidas urgentes de carácter social y económico para Ceuta, dotado con 309 millones de euros hasta final de 2026. La partida se reparte entre el refuerzo de servicios esenciales, seguridad, acogida de menores y atención humanitaria, además del apoyo directo a empresas y trabajadores de la ciudad autónoma.
Del paquete total, 80 millones se destinan específicamente a sostener el tejido empresarial y laboral ceutí. De esa cantidad, 36,6 millones conforman el fondo de ayudas directas que gestiona la Agencia Tributaria: los autónomos pueden recibir 5.000 euros y las empresas, entre 10.000 y 150.000 euros según su facturación. El real decreto fija que la iniciativa puede alcanzar a 2.500 autónomos y 1.500 empresas.
El plazo para pedir las ayudas se abrió el pasado 14 de septiembre a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, con el objetivo de que los primeros pagos llegaran a principios de octubre. El trámite se simplifica para los beneficiarios: basta con aportar un número de cuenta bancaria donde recibir el ingreso, que está exento de tributación y declarado inembargable.
A los 36,6 millones de ayudas directas se suman otros 16 millones orientados a sostener comercio, turismo, restauración e internacionalización de las empresas ceutíes, sectores especialmente expuestos a la caída de actividad tras los sucesos de julio. El real decreto-ley contempla además una línea de avales del Estado por 50 millones, gestionada por el ICO, para reforzar el acceso a financiación de autónomos y empresas de la ciudad.
Cambios permanentes en Sociedades e IRPF
Más allá de las ayudas directas, el decreto introduce modificaciones fiscales de carácter permanente. La bonificación del Impuesto de Sociedades para empresas residentes en Ceuta y Melilla que mantengan actividad y empleo pasa del 50% al 60%. Los autónomos contarán con condiciones más favorables en el IRPF, con mayor margen para deducirse provisiones y gastos de difícil justificación, lo que supone un ahorro de 12 millones de euros anuales por cada ciudad autónoma.
Estas medidas se superponen al marco de incentivos que Ceuta y Melilla arrastran desde hace décadas por su condición de territorios con estatuto fiscal especial, derivado de su situación geográfica y de los costes añadidos que soporta su actividad económica. El decreto de septiembre amplía ese régimen en un contexto excepcional, marcado por el impacto de la crisis migratoria de julio sobre el comercio y los servicios locales, en un año en que la OCDE prevé que España cierre 2026 con una inflación del 3,7%, la tercera más alta del siglo.
Los desembolsos del fondo de 36,6 millones gestionado por la Agencia Tributaria arrancan el martes 6 de octubre, como primer tramo en llegar a las cuentas de los más de 1.200 solicitantes registrados hasta la fecha.
