El señalamiento se inserta en el escándalo que rodea a la Aerocivil, luego de que se conocieran versiones periodísticas sobre la presunta injerencia de Muñoz en decisiones de esa entidad y de otras dependencias del Estado. La joven, cuyo perfil público se ha construido en redes sociales, no ocupa cargo oficial alguno, lo que ha alimentado los interrogantes sobre el origen de la influencia que se le atribuye.
Yesid Barragán, presidente de la Asociación Sindical de Empleados de Protección, cuestionó que se le haya otorgado un esquema de seguridad a una persona cuyo perfil de riesgo, a su juicio, no ameritaría la atención del Estado. "Es una joven muy simpática que ha contado con una muy buena fortuna, que ha sido bendecida por este gobierno (.) Es sorprendente que una persona que su único riesgo es dar una opinión en la red social ahora tenga un riesgo extraordinario", afirmó.
El dirigente sindical apuntó además a presuntas irregularidades en el trámite: "Esta medida de protección la asignan a través de un trámite de emergencia. Esta persona aún no tiene un estudio técnico por parte de la UNP ni se sometió al procedimiento que se someten todas las personas, que tienen que atravesar por un calvario de protección, porque los estudios son demorados", sostuvo. Según la Asociación, Rodríguez y sus funcionarios habrían dado el visto bueno saltándose el conducto regular.
Cómo funciona la asignación de esquemas
La UNP, entidad adscrita al Ministerio del Interior, evalúa el riesgo de las personas amenazadas y les asigna esquemas que van desde chalecos antibalas hasta escoltas y vehículos blindados. El procedimiento ordinario contempla un análisis técnico —a cargo del Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información (CTRAI)— que clasifica el nivel de riesgo como ordinario, extraordinario o extremo antes de aprobar cualquier medida. Los trámites de emergencia se reservan, por vía excepcional, para situaciones de riesgo inminente y comprobado, precisamente el punto que el sindicato pone en entredicho.
La denuncia no se circunscribe a Muñoz. Según la Asociación, otras personas de perfil público —entre ellas influenciadores y figuras políticas— habrían heredado esquemas robustos del actual gobierno sin que, a su juicio, mediara un riesgo extraordinario que lo justificara. El gremio pidió a la administración entrante de la UNP, que atraviesa un relevo directivo, revisar caso por caso los esquemas vigentes.
El nombre de Gabriela Muñoz emergió en agosto de 2026 en medio de versiones sobre presuntas gestiones irregulares dentro de la Aerocivil, entidad adscrita al Ministerio de Transporte encargada de la regulación y vigilancia de la aviación civil. Hasta el momento no consta que la Fiscalía General de la Nación haya formulado imputación en su contra, por lo que su situación se mantendría en etapa de indagación preliminar. Muñoz no ha respondido públicamente a los señalamientos difundidos por los medios.
Augusto Rodríguez, apuntado por la Asociación como responsable de haber avalado la medida, tampoco se ha referido públicamente al señalamiento, y la UNP no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el procedimiento seguido en este caso ni sobre las críticas del sindicato. La Casa de Nariño, igualmente, guarda silencio sobre las denuncias.
La institución no es ajena a este tipo de cuestionamientos. En distintos gobiernos, la asignación de esquemas a figuras cercanas al poder de turno ha motivado debates de control político en el Congreso de la República e indagaciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación contra funcionarios de la UNP por presuntas irregularidades en la contratación y asignación de protección. El gasto de la entidad, financiado con el Presupuesto General de la Nación, ha sido escrutado en informes de la Contraloría General de la República por sobrecostos y débiles controles en la contratación de blindados y personal de escolta.
Como antecedente institucional, la UNP fue creada en 2011, tras la liquidación del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), disuelto por el escándalo de las interceptaciones ilegales conocido como las 'chuzadas', que evidenció el uso desviado de los aparatos de inteligencia y protección del Estado con fines políticos. Desde entonces, la transparencia en los criterios de asignación de esquemas ha sido un punto recurrente de vigilancia por parte de los organismos de control.
El episodio coincide con la presión política en torno al caso Aerocivil, que ha derivado en solicitudes de citación a debate de control político para que el Gobierno explique el alcance de la presunta injerencia de Muñoz. Voceros de bancadas de oposición han anunciado que buscarán ampliar el debate para incluir el rol de la UNP en la asignación de esquemas a personas cercanas al Ejecutivo.
De confirmarse por vías institucionales las irregularidades denunciadas por la Asociación Sindical de Empleados de Protección, el caso podría abrir investigaciones disciplinarias de la Procuraduría o indagaciones de la Fiscalía por presuntos delitos contra la administración pública. Por ahora, el asunto queda en manos de los organismos de control y a la espera de que la nueva dirección de la UNP atienda la solicitud de revisar los esquemas cuestionados.
