El expediente de la Procuraduría Delegada para la Función Pública no parte de la falla del 4 de noviembre, sino de una serie de alertas previas que, según el ente de control, estarían siendo aplazadas en mesas técnicas sin resolverse. Entre los hallazgos más críticos figuran los radares de El Tablazo, en Cundinamarca, y de Villavicencio, cuyos componentes enfrentarían dificultades graves por falta de reposición, de acuerdo con lo que la propia Aerocivil reconoció ante el Ministerio Público.
A esa situación se suma la existencia de enlaces de comunicaciones en operación sin contrato vigente de mantenimiento, lo que dejaría una infraestructura crítica sin respaldo técnico en caso de fallas simultáneas. Para una entidad encargada de garantizar la seguridad del tráfico aéreo en todo el territorio nacional, la ausencia de cobertura contractual en sistemas de comunicaciones constituye, según el oficio, un riesgo que trasciende lo administrativo.
El tono empleado por el delegado para la Vigilancia de la Función Pública marcó un punto de quiebre respecto a alertas anteriores sobre la entidad.
"Considera necesario llamar enérgicamente la atención de la Aerocivil. No resulta suficiente reiterar diagnósticos, anunciar proyectos de modernización, presentar cronogramas o reportar actividades de mantenimiento", señaló el delegado para la Vigilancia de la Función Pública, según el oficio.
La crisis se enmarca en un periodo de alta rotación y escándalos en la Aeronáutica Civil que arrancó bajo la administración de Luis Alfonso Martínez Chimenty, director nombrado durante el gobierno de Gustavo Petro, marcada por las denuncias en torno a Gabriela Muñoz y presuntas irregularidades en la operación de la entidad. Con el cambio de administración, las alertas de la Procuraduría no cesaron, lo que explica la citación directa al actual director y a los jefes de navegación, telecomunicaciones y mantenimiento.
La Aerocivil es la autoridad encargada de la regulación, vigilancia y control del espacio aéreo colombiano, así como de la administración de los aeropuertos públicos del país, entre ellos El Dorado, el de mayor tráfico de pasajeros y carga en Colombia. Cualquier falla sostenida en sus sistemas de radar o comunicaciones compromete directamente la seguridad de la navegación aérea nacional e internacional que opera desde Bogotá.
Los escándalos en la entidad no son recientes: en julio de este año se abrió investigación a Gabriela Muñoz por el caso de la Aerocivil, y una asesora de la entidad había renunciado por supuesto acoso laboral y presuntas presiones para firmar un contrato. La seguridad aérea ha sido tema recurrente del control institucional, como lo reflejan episodios recientes de la agenda de seguridad del país, entre ellos las cuatro medidas anunciadas para los estadios.
El Ministerio Público exigió además que la entidad responda formalmente por los compromisos adquiridos en mesas técnicas previas, identifique las razones de los retrasos físicos y financieros en los proyectos de modernización pendientes, y precise las promesas que siguen sin cumplirse. La citación del 9 de noviembre a la totalidad de los jefes de área quedó planteada como el mecanismo para establecer cómo la entidad está respondiendo a las múltiples alertas acumuladas sobre su operación.
