En la plaza de la estación El Rosario, la empresa "Tu Casa Vale" opera un local establecido con pancartas y volantes que invitan a sacar el ahorro de la Afore, sin advertir que la operación puede afectar el monto de la pensión y las semanas de cotización. Al acercarse, un asesor expone la mecánica sin rodeos: "Tienes que tener más de 40 mil pesos en tu Afore. Te registramos con un salario de 1,200 pesos en el IMSS y te ayudamos a retirar 35,193 pesos".
El esquema requiere únicamente el número de seguridad social, las semanas cotizadas y datos personales del trabajador. Con esa información, los gestores ajustan el registro salarial ante el IMSS para maximizar el monto del retiro. De los 35,193 pesos que el trabajador recibe por transferencia bancaria al cabo de 47 días hábiles, 11,000 quedan en poder del gestor, el 30% del retiro. La práctica no está penalizada en México: opera gracias a un vacío legal y a irregularidades en los registros del instituto.
La consecuencia recae directamente sobre la cuenta individual del trabajador. La reducción del saldo ahorrado y de las semanas cotizadas puede tardar años en revertirse y afecta el monto futuro de la pensión. El servicio no se queda ahí: también se ofrece buscar el número de semanas cotizadas e incluso el cambio de Afore para actualizar el expediente biométrico, requisito indispensable para realizar el retiro.
Julio César Cervantes Parra, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), señaló en entrevista con Expansión que, al margen de una nueva legislación, el organismo irá tras los gestores que modifican el salario registrado de los trabajadores para inflar el monto del retiro.
"Lo que estamos haciendo, junto con el IMSS, es buscar a los coyotes que están modificando el salario del trabajador. El objetivo de ir tras de ellos es verificar que efectivamente estén pagando las contribuciones del trabajador. Un derecho se tiene que calcular con base en las aportaciones efectivamente pagadas", declaró Cervantes Parra.
El funcionario precisó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) también participa en esta labor, lo que amplía el frente institucional contra las prácticas irregulares detectadas en el sistema de retiros por desempleo.
"Tenemos un grupo de trabajo con el IMSS y con el SAT para combatir prácticas inadecuadas, sobre todo en el coyotaje, donde están modificando el salario del trabajador sin sustento", acotó Cervantes Parra.
La Consar ha reconocido que el coyotaje es responsable del 70% de las elevadas cifras de retiro por desempleo. De enero a septiembre del año en curso, un millón 664 mil personas retiraron fondos por desempleo de su Afore, 18% más que en el mismo periodo del año anterior. El monto total alcanzó 36,222 millones de pesos, un incremento de 23.5% en términos reales respecto al comparativo anual previo.
La reforma congelada en el Senado
La Cámara de Diputados aprobó el año pasado una reforma al artículo 191 de la Ley del Seguro Social orientada a limitar los retiros por desempleo de las Afore y frenar la intervención de gestores. La iniciativa contempla tres ejes: restringir el monto retirable al menor valor entre 30 días del promedio salarial de las últimas 150 semanas o 11.5% del saldo de la subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez; prohibir la intermediación de terceros; y establecer una validación obligatoria del trámite.
Pese a su aprobación en San Lázaro, el dictamen permanece detenido en el Senado. Cervantes Parra explicó que la propuesta se encuentra en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta, donde una agenda legislativa "abultada" ha retrasado su análisis previo al inicio formal del trámite legislativo.
Empleo formal en máximo histórico
El combate al coyotaje ocurre en paralelo a un crecimiento moderado del empleo formal. De acuerdo con el IMSS, al cierre de octubre de 2026 se registraron 23,088,353 puestos de trabajo, la cifra más alta en la serie histórica del instituto. Durante ese mes se generaron 161,077 empleos.
El fenómeno se inscribe en un contexto más amplio de presión sobre las finanzas de los hogares mexicanos, en el que las transferencias a hogares crecieron 26.5% en ocho años, el doble que el salario, un dato que ilustra cómo distintos mecanismos de apoyo económico han ganado peso frente al ingreso laboral formal.
Mientras la reforma al artículo 191 continúa detenida en el Senado, la Consar optó por una estrategia de verificación conjunta con el IMSS y el SAT para auditar los registros salariales que sustentan cada solicitud. "Un derecho se tiene que calcular con base en las aportaciones efectivamente pagadas", resumió Cervantes Parra la lógica detrás del operativo.
