La demanda responde a la investigación "Ruta de los Cupos Llega hasta el diputado Robinson", que examinó las relaciones entre organizaciones beneficiarias de cupos del transporte público en Bocas del Toro, el legislador y personas de su entorno familiar. Según el comunicado del Fórum, el reportaje se sustentó en información obtenida por mecanismos legales de acceso a la información, entre ellos datos solicitados a la Autoridad Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre invocando la Ley 6 de 2002, conocida como Ley de Transparencia.
El Fórum recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio social. En esa línea, la organización señaló que en asuntos de interés público los estándares interamericanos exigen un umbral reforzado para establecer responsabilidad civil, que incluye demostrar conocimiento de la falsedad, intención de causar daño o manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad por parte de quien informa.
El gremio hizo referencia a los señalamientos de la Sociedad Interamericana de Prensa sobre el impacto de las acciones judiciales contra periodistas y medios. El Fórum resaltó que estos procesos suelen ser prolongados y de elevada cuantía económica, circunstancias que, según su planteamiento, pueden generar desgaste financiero, desalentar investigaciones futuras y favorecer que periodistas y medios opten por la autocensura ante temas sensibles vinculados al poder político.
"Fiscalizar al poder no puede convertirse en una actividad castigada por el desgaste judicial", recalcó el Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión e Información en su comunicado.
La organización indicó que seguirá atenta al desarrollo del proceso, con pleno respeto a la independencia del Órgano Judicial, aunque advirtió sobre el efecto inhibidor que una reclamación económica de esta magnitud puede tener sobre el libre ejercicio del periodismo en el país.
Por esta misma investigación, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) multó con $5,000 a La Prensa en marzo de 2023, al considerar que la publicación de la fotografía de Robinson constituía un dato biométrico "sensible" bajo la Ley 81 de 2019 sobre protección de datos personales, lo que en su criterio exigía autorización previa del legislador para divulgarla. Quince meses después, la Antai revocó la sanción, no por reconsiderar el fondo del asunto, sino porque determinó que esos mismos hechos ya formaban parte de la demanda civil presentada por Robinson contra Corprensa y Zea.
El episodio se inscribe en un debate más amplio sobre las condiciones del ejercicio profesional en el país, donde otros gremios también han documentado situaciones de vulnerabilidad institucional, como recogió un reportaje sobre las denuncias de maltrato en la formación médica en hospitales públicos.