La cifra de 15 por cada 100 implica que la mayoría de los expedientes por homicidio permanece en etapa de indagación, sin que se haya individualizado a un indiciado ni surtido la audiencia de imputación prevista en la Ley 906 de 2004. La llamada tasa de esclarecimiento mide la proporción de casos en los que la Fiscalía identifica, vincula formalmente y, eventualmente, acusa a un presunto responsable frente al total de homicidios denunciados.
Según el estudio, la tendencia no es puntual sino sostenida: el porcentaje de efectividad ha venido descendiendo de forma progresiva en los últimos años. El análisis académico ubica ese deterioro entre los principales desafíos de la justicia penal colombiana, en un contexto donde la congestión de los despachos judiciales y la carga de casos represados han sido señaladas de manera reiterada como obstáculos para la judicialización oportuna.
La baja tasa de esclarecimiento tiene implicaciones directas sobre la confianza ciudadana en el sistema de justicia, en la medida en que la impunidad en homicidios suele asociarse con la persistencia de estructuras criminales que operan sin que sus integrantes enfrenten consecuencias penales. El informe no precisa, al menos en lo divulgado, si la cifra corresponde a un promedio nacional o si existen variaciones regionales, un dato relevante dado que las zonas con mayor presencia de economías ilegales y disputas territoriales suelen concentrar los índices más altos de homicidio.
La discusión sobre la capacidad de la Fiscalía para esclarecer homicidios no es nueva en el país. Desde la implementación del sistema penal acusatorio con la Ley 906 de 2004, distintos sectores académicos y de control han señalado de manera recurrente las dificultades de la entidad para avanzar investigaciones más allá de la etapa preliminar, particularmente en delitos cometidos en contextos de violencia organizada. El nuevo estudio de la Universidad de los Andes se suma a ese cuerpo de diagnósticos que, con distintas metodologías, han alertado sobre el rezago frente al homicidio como delito de alto impacto.
El dato llega mientras la seguridad ciudadana vuelve a ocupar el centro del debate público, tras hechos violentos registrados en distintas regiones. En las últimas semanas se reportaron casos como el asesinato en Cúcuta de un escolta de la Unidad Nacional de Protección adscrito al esquema del alcalde de El Zulia, episodios que engrosan la estadística de homicidios que terminan sin una persona imputada ante un juez.
La publicación coincide con el escrutinio sobre el manejo de otros casos de connotación pública, como la investigación por el crimen del periodista Mateo Pérez, cuyo presunto responsable, conocido como alias 'Primo Gay', fue capturado recientemente. Se trata del tipo de judicialización que, según el estudio de la Universidad de los Andes, resulta excepcional dentro del universo total de homicidios que se cometen en el país.
